La depuradora que da servicio a Callosa de Segura, Redován, Rafal, Cox y Granja de Rocamora sigue recibiendo residuos líquidos contaminantes que proceden de empresas. La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) ha detectado 20 vertidos en sólo tres meses y ha exigido a los ayuntamientos que extremen la vigilancia de lo que se arroja a las redes de saneamiento. Los municipios se enfrentan a graves sanciones por no frenar una situación que se viene repitiendo en el tiempo mientras el descontrol afecta principalmente a los agricultores que tienen autorización para regar con el agua depurada, un recurso vital en tiempos de extrema sequía.
La veintena de vertidos que ha sido comunicada ahora se realizó en el último trimestre del 2017. Durante los cinco meses anteriores se notificaron otros 37 vertidos con elevados niveles de cloruros y conductividad, entre otros compuestos. La EPSAR lleva años requiriendo a los municipios responsables que medien con las mercantiles contaminadoras pero, como no se han obtenido resultados, sólo queda elevar informes a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que es la que interpone las sanciones, que van desde los 500 euros en los casos más leves hasta los 6.000 en los más graves.
Esta situación ha generado además enfrentamientos entre los consistorios mancomunados en torno a esta depuradora. Los vertidos llegan a través del alcantarillado por parte de una empresa conservera ubicada en término de Orihuela pero que utiliza la red de saneamiento de Rafal; otra dedicada a la actividad hortícola radicada en Cox y una mercantil avícola en ese mismo municipio. Según los informes de la EPSAR, algunos de los vertidos son marrones, otros grisáceos e incluso se han detectado otros rosados con «olor significativo a sangre de pollo». La depuradora de aguas residuales ubicada en Callosa está preparada para realizar procesos de higienización del agua pero no para tratar vertidos industriales. Al final parte de ese agua acaba en acequias de riego y tras irrigar los campos se canaliza por los azarbes y puede llegar hasta el río Segura.
Multas
La concejala de Medio Ambiente de Cox, Beatriz Nadal, aseguró ayer que esta situación cambiará en breve dado que se han establecido mecanismos para poder sancionar a las empresas incumplidoras, que hasta ahora no han abonado ninguna multa. La edil explicó que se han aprobado dos ordenanzas, una de vertidos y otra fiscal medioambiental. Con la primera los consistorios podrán exigir a las empresas que tramiten la obligatoria autorización de vertidos. Con la segunda se fijan los procesos sancionadores que se podrán impulsar desde los ayuntamientos en contra de las mercantiles que contaminen. Así, se podrán tomar por sorpresa muestras de los líquidos que vierten a la red y si se detectan químicos prohibidos o exceso de salinidad, imponer multas. Beatriz Nadal explicó que el proceso de toma de muestras deberá de hacerse en presencia de la Policía Local para asegurar la custodia de la prueba y tener más garantías de ganar en caso de que haya que acudir a los tribunales a reclamar.
