La magistrada del juzgado de Lo Contencioso de Elche, Ángela Antón García ha rechazado la petición de ejecución provisional de las obras de urbanización de Torretas III, solicitada por la asociación de vecinos del residencial. La misma jueza les dio la razón hace unas semanas la hora de condenar al Ayuntamiento a ejecutar «a su costa» zonas verdes, viales, aceras, bordillos, saneamiento, agua potable y alumbrado, que los sucesivos mandatos municipales desde principios de los 80 no reclamaron al promotor del residencial. La juez, ante la petición de ejecución provisional, asegura ahora que mientras el procedimiento siga abierto, y recurrido por el Ayuntamiento ante la Audiencia, no se pueden conceder esas medidas por el perjuicio que pudiera ocasionar al municipio en caso de que se aceptara su recurso, se archivara el asunto archivado. El juzgado aclara que la legislación lo impide adoptar «cuando sean susceptibles de producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparación», puesto que «de estimarse el recurso de apelación (del Ayuntamiento) se daría una situación de muy difícil reparación».
Más allá de este argumento, en última instancia, un fallo condenatorio sería de difícil ejecución. El procedimiento se presentó como de reclamación patrimonial en su enunciado y no de ejecución de obras. Es decir, los vecinos pedían daños y perjuicios a abonar por el municipio por la falta de actuación durante más de tres décadas. Pero la condena no asume esa petición y sí que se hagan las obras sin cifrar en ningún caso cuánto cuestan.
El Ayuntamiento asegura que la única solución posible desde un punto de vista estrictamente urbanístico es un plan de reforma interior (PRI) en el que se especifique qué es público y privado -dado que el promotor, Masa, en su día no cedió los suelos que ahora forman parte de las zonas verdes y viales del residencial- y se aborden las deficienias. Proyecto que aparecería en la revisión del PGOU y a abonar por los propietarios. vecinos.
