El Ayuntamiento va a adaptar los pliegos de la futura adjudicación de la recogida de basura y limpieza viaria de basuras a la nueva legislación estatal de Contratos, que entra en vigor el 9 de marzo. Para el alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes) ese proceso viene con ventajas que porque va suponer, entre otras cosas, que tenga una duración de cinco años (aunque sin posibilidad de prórroga), que, a su juicio, sea más sencilla la subrogación de los trabajadores y no solo se tenga en cuenta la oferta económica, sino otros factores que también tendrán mucho peso a la hora de la adjudicación.

Torrevieja mantiene un servicio de recogida sin contrato desde junio de 2016, momento en el que Acciona agotó sus diez años de adjudicación y dos prórrogas de un año cada una. La empresa realiza el servicio de forma voluntaria, por un canon anual aproximado de 13 millones de euros. El gobierno en minoría de Dolón fracasó a finales de 2016 en su intento de municipalizar esta prestación tras un año y medio de trámites en ese sentido y tiene que confiar paradójicamente en una empresa que cuestionó duramente, al recibir el contrato de forma irregular en 2004, según la sentencia judicial que condenó al exalcalde Pedro Hernández-

El primer edil ha explicado que el contrato de recogida de RSU, limpieza viaria, de playas y ecoparque se puede tramitar según la nueva ley, algo que han confirmado los técnicos municipales.

Esta medida incidirá, por ejemplo, en la duración del contrato que pasará a ser de 5 años, en lugar de los cuatro previstos. Esta circunstancia permite que la amortización de las inversiones de nueva maquinaria e instalaciones se haga en un plazo mayor, «la amortización es más barata, en un 20%, por lo que hay más margen de maniobra para disponer de los recursos que se requieren».

Convenio colectivo

Otro «punto fundamental» al que se refirió Dolón es que en el nuevo contrato podrá incrementar su coste incluyendo el convenio colectivo de los trabajadores «que lo han firmado recientemente por un plazo de tres años».

Además, los trabajadores también «se verán beneficiados», intepreta el alcalde, porque la ley agiliza la resolución de cualquier contrato por incumplimiento del contratista «un proceso que hasta ahora era muy largo y complicado. A partir de ahora si se incumple, la resolución será más sencilla y permite la subrogación de la plantilla de forma automática, incluso con el Ayuntamiento. Se podría municipalizar sin ninguna pega». Este punto resuelve lo que «ha sido una duda constante y hace más fácil la "remunicipalización». La nueva ley indica textualmente que «en caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba».

La nueva ley «evita las bajas económicas de riesgo» que suponen tener un servicio deficiente. En este sentido Dolón ha dicho que esta ley es «más transparente» y sobre todo «no es determinante la proposición económica, también se tendrán en cuenta otras cuestiones de carácter social o ambiental y no en exclusiva la propuesta económica» una circunstancia que el alcalde atribuyó a un «reflejo de la nueva composición del Parlamento y del multipartidismo».