El promotor propietario del edificio protegido de la Posada del Parejo, en la calle Azorín 19-21, en pleno centro de Torrevieja, está llevando a cabo alguno de los trabajos de consolidación del edificio, ordenados por el Ayuntamiento en 2005. Actuaciones que llegan, de forma muy parcial, casi 13 años después de que se dictara por parte del municipio la primera resolución y expediente de peligrosidad ante el estado de deterioro evidente que comenzaba a presentar el inmueble. Tanto esta vivienda, como la situada justo en frente, de la Asociación de Jubilados y Pensionistas -propiedad municipal- y la casa de la Fundación López Dols en la esquina con Ramón Gallud, sufren desde hace décadas un avanzado estado de deterioro. Todas forman parte de los escasos ejemplos de arquitectura de la burguesía local de finales del siglo XIX y principios del XX. A escasos metros, durante la jornada de reflexión de las elecciones municipales de 2015 la piqueta se llevó por delante la Casa Rosper, también con un valor patrimonial por su interés arquitectónico. No estaba protegida.
Un aparatoso andamio cubre ahora la fachada del edificio y las zonas de aparcamiento para llevar a cabo su apeo y apuntalamiento. Según los informes municipales el actual propietario no está abordando las obras para proteger la cubierta ni el inventario de bienes -este último valorado por los técnicos en solo 800 euros- y pendiente desde 2005. Las obras, que no necesitan licencia al cumplir un decreto municipal para evitar que la casa se desplome, comenzaron hace un par de semanas sin contar con autorización de ocupación de vía pública -que ahora ha solicitado-.
El Ayuntamiento reclamó medidas de actuación y rehabilitación de esta casa en 2005, cuando su deterioro comenzó a generar problemas sobre la vía pública. Volvió a insistir en 2006, especificando qué obras eran urgentes y cuáles las definitivas de restauración, valoradas en 436.000 euros. Después no «se movió un papel» hasta 2013. En ese año y en 2015, de nuevo, los servicios técnicos iniciaron la imposición de multas coercitivas al desorir la propiedad el deber legal de preservar la casa.A principios de 2017 se desplomó buena parte de la zona trasera de la finca.
Pese a las expectativas urbanísticas de la finca -425 metros cuadrados de solar- son limitadas porque en teoría, solo se puede rehabilitar la vivienda con planta baja y una altura la propiedad ha pasado a manos del promotor Antonio Pedrera. Cambio de titularidad que no fue comunicado al Ayuntamiento. Ese titular mantiene un contencioso administrativo que busca que se declare la ruina total o permitir más alturas sobre la estructura actual preservando la fachada -algo que logró la Fundación López Dols para la casa vecina-. No consta que exista una resolución en ese sentido para este caso.
