El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado al Ayuntamiento de Callosa de Segura a pagar casi 80.000 euros a un arquitecto técnico que fue despedido de forma irregular. El responsable del cese fue el tripartito liderado por Fran Maciá (PSOE), que decidió prescindir de sus servicios en marzo de 2016 y, según el tribunal, vulneró sus derechos fundamentales. El trabajador inició entonces una batalla judicial en la que perdió el primer asalto. El juzgado de Lo Social nº 2 de Elche avaló su despido al estimar que accedió al puesto por «amiguismo» con el gobierno de Javier Pérez. Sin embargo, ahora el TSJCV le ha dado la razón. Por ello, recibirá una compensación por daños morales y tendrá que ser readmitido en su puesto.
La sentencia considera que no ha quedado demostrado que el arquitecto accediera a ese puesto de trabajo por tener contactos con el anterior gobierno del PP. El juez que emitió el primer fallo judicial incidió en que el técnico tenía lazos familiares con Salvador Guirao, quién era personal de confianza del alcalde en el año 2004 y posteriormente fue concejal. Dio por hecho que esa fue la razón por la que consiguió un puesto en el consistorio a través de un contrato «irregular». No obstante, el fallo del TSJCV señala ahora que no se ha aclarado si éste actuó como valedor para que lo contrataran y si le pidió expresamente a Javier Pérez que le metiera en plantilla.
Reunión decisiva
«Lo único que se recoge en el relato fáctico más allá de esa relación familiar es que al actor le llamaron del Ayuntamiento presentándose ante el alcalde a quien le entregó el currículum y quien le preguntó si le interesaba ser contratado, a lo que dijo el actor que sí, como era lógico», ha considerado la Sala de lo Social del TSJCV, que mantiene que «de tal afirmación en modo alguno puede desprenderse la connivencia» del arquitecto con el alcalde «a la hora de llevar a cabo la contratación».
El tribunal valenciano desmonta asimismo el argumento de que se contrató al arquitecto técnico para un trabajo distinto del que se formalizó el contrato, que era para llevar a cabo el estudio de informes, planes, anteproyectos y proyectos y dice que eso fue a lo que se dedicó. También rechaza que fuera incompatible que éste realizara otros trabajos relacionados con el urbanismo al margen de su actividad en el Ayuntamiento. La Sentencia no ha sido recurrida en casación por el consistorio y ya es firme. Por ello hay que abonarle los salarios que ha dejado de percibir desde su despido hasta la actualidad así como una compensación por daños morales.
A pesar de todo ello, el TSJCV no duda de que el contrato que se le hizo desde el Ayuntamiento fue del todo irregular. El arquitecto comenzó su trabajo en el año 2004. Su fichaje se hizo mediante una maniobra «que desde luego era irregular pues omitía los requisitos que en las contrataciones públicas deben observarse conforme a los principios de mérito, igualdad y capacidad en el acceso al empleo público», recoge el citado fallo judicial.
«Quería trabajar»
Para el TSJCV, el arquitecto «quería trabajar y derivado de ello se dispuso a hacerlo de la forma que le ofreció el Ayuntamiento, a través de un contrato administrativo menor». Es decir, lo que se hizo fue contratarlo con una remuneración inferior a los 18.000 euros anuales para no tener que sacar el servicio a concurso. De esa forma, se simulaba una prestación de servicios por cuenta ajena cuando, en realidad, trabajaba como cualquier otro miembro de la plantilla municipal.
El tribunal concluye que el arquitecto no tenía porqué saber si el contrato suscrito contenía o no irregularidades y si era el adecuado para la actividad a realizar. Por todo ello se deja claro que esta serie de incidencias podrán ser tenidas en cuenta en el proceso penal seguido contra Javier Pérez, denunciado por ser quien promovió esta contratación.
