El Ayuntamiento de Orihuela todavía no ha saldado las cuentas que tiene pendientes con el caso Brugal. Mientras los cabecillas de la supuesta trama corrupta están a un paso de sentarse en el banquillo, la administración local se enfrenta a dos indemnizaciones millonarias que nadie sabe cómo se pagarán. La que está al caer es la que reclama la empresa Urbaser. La mercantil ganó el concurso de las basuras en 2006 con José Manuel Medina (PP) como alcalde, pero vio como meses después su sucesora en el cargo, Mónica Lorente (PP), declaraba desierto el proceso y la dejaba sin la contrata. Por esos hechos Urbaser inició una batalla judicial que ya está llegando a su fin. La firma ha pedido que se ejecute la sentencia que le permitiría cobrar una indemnización de casi 7,5 millones de euros. Por otro lado, Fenoll, que asumió el servicio que debió ser para Urbaser, reclama otros 12,5 millones porque años después, en 2012, fue apartado del servicio por supuestos incumplimientos.
La cruzada en los juzgados entre Urbaser y el Ayuntamiento de Orihuela se ha librado durante más de una década y ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que ha dado la razón a la empresa. Tras innumerables recursos han quedado dos cosas claras: que esa mercantil debió de ser la adjudicataria de las basuras en el concurso de 2006 que dio origen al caso Brugal, y que el ofrecimiento que se le hizo en 2012 de retomar el servicio para evitar pagarle la indemnización no le obligaba a ello, puesto que las circunstancias habían cambiado. Lo único que falta por dirimir ahora es si esa cantidad que reclama de casi 7,5 millones es justa. El consistorio podría ofrecer una cantidad distinta y finalmente será un juez quien fije la cifra final. No obstante, nadie duda que habrá que pagar una importante suma a la empresa.
El segundo frente abierto que tiene el Ayuntamiento es la obligación de liquidar el contrato de las basuras que más tarde asumió la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja, que tenía detrás a Ángel Fenoll, según el sumario del Brugal. Fue precisamente este empresario quien dio lugar a la investigación inicial en torno a la trama de los residuos. Cuando en 2006 Urbaser ganó el concurso de las basuras en Orihuela, Fenoll difundió unas cintas de vídeo para intentar demostrar que la adjudicación de esa contrata se había amañado.
Retrasaron el concurso
Según la jueza que asume esta pieza del Brugal, tanto Medina como Lorente, junto a otros concejales, actuaron «en beneficio económico propio de Ángel Fenoll (y), a sabiendas de su ilegalidad, retrasaron maliciosamente el concurso, solicitando reiteradamente informes externos, hasta la declaración de desierto en el pleno de 9 de noviembre de 2007», meses después de que Medina cediera el cargo a Lorente. La magistrada sostiene que ésta, siendo ya regidora, facilitó información a Fenoll para adjudicarse el nuevo contrato, en el que participó con Colsur y «de forma velada», dice, también con la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja, que fue la ganadora. A cambio de este favor, éste acabó pagando la campaña electoral de Mónica Lorente en 2007, según se sostiene en el auto de procesamiento.
Fenoll siguió gestionando la basura de Orihuela hasta que en 2012, el tripartito liderado por Monserrate Guillén (LV) le arrebató el contrato por supuestos incumplimientos.
El servicio de residuos se municipalizó en ese momento y el Ayuntamiento se quedó con todos los recursos del empresario. Pero hoy, seis años después, la administración local sigue sin saldar las cuentas pendientes con Fenoll, que le reclama 12,5 millones de euros. El gobierno actual está haciendo cuentas para calcular cuánto cree que se le debería de pagar. Todos coinciden en que no será precisamente poco y que habrá que volver a pelear en el juzgado.
