Las arcas del Ayuntamiento de Orihuela no están preparadas para asumir la millonaria indemnización fruto de las sentencias judiciales en contra del Consistorio siempre por el tan llevado y traído asunto de las basuras. Los presupuestos de 2017, obviamente, no contemplaban ninguna partida para el pago de esos casi 20 millones de euros a los que se puede enfrentar el Ayuntamiento, porque no hay sentencias firmes. El caso de Urbaser ha llegado hasta el Tribunal Supremo y en el Palacio del Marqués de Arneva tienen claro que las arcas municipales deberán «rascarse el bolsillo» para pagar a la empresa, pero no se incluirá partida en los presupuestos hasta que la sentencia no sea firme, según aseguran a este diario fuentes municipales.

Está previsto que PP y Cs lleven en marzo a pleno el presupuesto para 2018, pero éste tampoco incluirá una partida para el pago de las millonarias indemnizaciones, cuyos reclamantes deberán esperar a que se agoten todos los caminos judiciales para cobrar un euro.

El regidor, Emilio Bascuñana, se enfrenta a un problema sin quererlo. El dirigente popular estaba alejado de la política cuando sucedieron los hechos que van a obligar al municipio a hacer un gran sacrificio económico, que puede suponer el pago de 20 millones de euros, lo que es una cuarta parte de su presupuesto anual, que en 2017 fue de 83,7 millones y que sigue prorrogado. Y todo, herencia de sus antecesores del PP en el cargo.