Los agricultores de la Vega Baja llevan meses pidiendo a gritos la llegada de caudales para paliar la sequía extrema que está mermando las cosechas hasta el punto de que algunos cítricos, como limones, y hortalizas, van a perder hasta en un 50 % la producción. A pesar de que ha sido uno de los otoños más secos de los últimos años y el invierno va por el mismo camino, unido a los agravantes de tener el trasvase Tajo-Segura cerrado desde el mes de mayo, el Gobierno central ha hecho oídos sordos a las peticiones de los regantes de la comarca para la llegada de un aporte extraordinario de agua o la apertura urgente de los pozos de sequía de la Vega Baja. La razón no se ha concretado nunca ya que el ejecutivo de Mariano Rajoy ha evitado con evasivas dar explicaciones sobre esta cuestión. Hasta ahora. Una pregunta parlamentaria realizada por el PSPV-PSOE ha destapado el por qué los pozos de sequía de la comarca siguen cerrados: su falta de mantenimiento.
El Gobierno admite en la respuesta a las preguntas realizadas el pasado mes de noviembre por los diputados nacionales del PSOE, Patricia Blanquer y Gonzalo Palacín, que la mayoría de los sondeos «tienen los elementos electromecánicos (grupos motobomba, transformadores, etc.) acopiados en taller, dado que fueron objeto de numerosos robos y que se debe evitar el contacto permanente con aguas de alta salinidad si no están en explotación». La respuesta del gobierno central, con fecha del pasado 10 de enero, demuestra que el mantenimiento de los pozos de sequía no está siendo el adecuado y, lo más grave, en caso de querer utilizarse no se podría porque la mayoría o no funcionan o cuentan con una salinidad y conductividad poco adecuadas para su función, la de servir para el riego.
Su arreglo tampoco es inminente porque el ejecutivo admite que aún no están ni presupuestados ni revisados técnicamente los trabajos necesarios para poner en funcionamiento los pozos de sequía, algo en lo que señala en su respuesta parlamentaria « se está trabajando actualmente», aunque no especifica cuál será la cantidad estimada que se vaya a destinar a ese necesario mantenimiento.
El Ministerio de Agricultura indica que está previsto su funcionamiento «a medida que se activen las actuaciones contempladas en el Plan Especial de actuación en situación de alerta y eventual sequía de la Demarcación Hidrográfica del Segura», eso sí «siempre y cuando las conductividades del agua extraída sean compatibles con la actividad agrícola», lo que ahora no sería posible dada la alta salinidad que, según el ministerio, está por encima de 6.000 µScm-1.
Reunión
El pasado mes de noviembre el Director General del Agua, Manuel Aldeguer y la secretaria de Aguas del PSPV-PSOE, Rosa Guillén, junto a otros responsables políticos socialistas, se reunieron con los responsables de las comunidades de regantes del riego tradicional y del trasvase Tajo-Segura en Almoradí donde se puso en evidencia la necesidad acuciante de la puesta en marcha de los pozos de sequía, una vez aprobada por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura el cierre del paso del agua por las acequias de riego tradicional de la Vega Baja desde el 1 de noviembre. Allí se concretó la formulación de una serie de preguntas al ejecutivo central a través de la diputada Patricia Blanquer, presente en la reunión. Las preguntas se centraban en pedir explicaciones sobre el mantenimiento de los sondeos, el presupuesto destinado a la explotación de los pozos o las actuaciones y controles de la CHS para la detección de pozos ilegales.
En la Vega Baja hay 24 sondeos (20 en Orihuela, 2 en Almoradí, 1 en Rojales y otro en Benejúzar), según informa el Gobierno en la respuesta a los diputados socialistas (excluye los 2 de Callosa de Segura). Sus caudales nominales oscilan entre los 40 y los 120 l/s, y la mayoría de ellos fueron puestos en marcha en el anterior período de sequía, entre 2005 y 2009, tras su ejecución como obra de emergencia, siendo el socialista José Luis Rodríguez Zapatero presidente del Gobierno. Una sequía menos virulenta que la actual, pero ahora no se ha puesto en marcha ninguno, según reconoce el Ministerio de Agricultura por los robos y la rotura de la maquinaria, fruto de la falta de mantenimiento.
La diputada socialista, Patricia Blanquer muestra su malestar con la respuesta obtenida a sus preguntas por parte del Gobierno. Blanquer critica que «se está demostrando un absoluto desprecio a los regantes, agricultores, trabajadores y, en definitiva, al futuro de la economía en la Vega Baja que, sin duda, será muy negro, por la pasividad y desidia de Rajoy». La diputada alerta de que la situación «es de absoluta emergencia y pone en peligro cultivos y trabajos» y critica que en las respuestas a sus preguntas «sólo hemos recibido pasividad y desprecio, con respuestas evasivas que juegan al despiste».
Por su parte, la secretaria de Aguas del PSPV-PSOE, Rosa Guillén, exige al Gobierno central «medidas urgentes contra la grave sequía» y califica de «vergüenza» que el ejecutivo se comprometiera a poner en funcionamiento los pozos necesarios «y ahora contestan que está estudiando la viabilidad y los presupuestos, lo que es una forma de dejar pasar el tiempo sin hacer nada», lamenta.
En su respuesta parlamentaria del 10 de enero, el Gobierno informa que no se ha puesto en funcionamiento el desagüe de fondo del embalse de La Pedrera y que sus desembalses se realizan de acuerdo «con el régimen establecido por el Sistema de Explotación único de los embalses de la cuenca». Respecto al sifón de Orihuela anuncia que estará operativo a principios de este año una vez finalizada la colocación de 3 válvulas y 2 compuertas. Y asegura que la CHS vigila y sanciona la existencia de pozos ilegales y la derivación del agua de sus cauces o su uso sin permiso.
