La empresa aseguradora contratada por el Ayuntamiento de Torrevieja para cubrir los seguros de vida de la plantilla municipal ha renunciado a seguir prestando el servicio.La compañía ha pagado más de 300.000 euros de indemnizaciones por incapacidades y fallecimientos y estima que no le sale rentable. La cobertura acaba el 31 de marzo y el equipo de gobierno ha solicitado la adhesión a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para intentar conseguir una nueva póliza.

Según detalló ayer la edil secretaria de la Junta de gobierno, Fanny Serrano, la plantilla municipal está actualmente formada por cerca de 700 trabajadores, entre los que se incluye el personal laboral y los funcionarios. Todos ellos disfrutan de la cobertura de esa póliza, que la sufraga el Ayuntamiento de forma voluntaria, dado que no es obligatorio. Serrano explicó que la actual aseguradora ha denunciado el contrato y no prorrogará el servicio a partir de la finalización del mismo. La edil dijo que se ha recurrido a la FEMP por las ventajas de ahorro y eficiencia que acompañan a la contratación centralizada de servicios. Según señaló, la adhesión a la central de contratación también asegura al Consistorio que se cumplan todos los requerimientos legales a la hora de contratar con alguna de las empresas licitadas.

La concejala también detalló ayer que en la Junta de Gobierno se abordaron varios temas judiciales, en concreto, dos recursos interpuestos contra el Ayuntamiento relacionados con la liquidación de la plusvalía. Fanny Serrano aseguró ayer que en la administración local se están acumulando una serie de recursos contenciosos-administrativos desde que el Tribunal Constitucional anuló la regulación de la Ley de Haciendas Locales, que establece que no hay que pagar plusvalía cuando se vende un inmueble por menos dinero de lo que costó. Esto provoca, según la edil, una «indefensión e inseguridad jurídica» en los Ayuntamientos, por lo que reclamó «una regulación legal por parte del Gobierno Central de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional»

Por otra parte, la edil informó de que el Ayuntamiento ha acatado una sentencia en la que se considera prescrita la infracción urbanística cometida por una urbanización, que cerró un vial sin haber solicitado licencia de obras.