Los municipios de Cox y Granja de Rocamora han sido pioneros en crear la primera Policía Local asociada de la provincia. Los agentes comenzarán a patrullar de forma conjunta a partir del uno de enero y el dispositivo de seguridad se coordinará a través de una única jefatura. La iniciativa ha sido respaldada por el Ministerio del Interior y tiene como objetivo cubrir carencias en el servicio para evitar que determinadas franjas horarias se queden sin cubrir por falta de efectivos. También permitirá reducir costes ya que determinados gastos serán compartidos entre los dos ayuntamientos.

La nueva plantilla estará formada por 14 agentes, de los cuales 11 son de Cox, que cuenta con 7.193 habitantes, y tres de Granja de Rocamora, con 2.461 vecinos. De esta forma siempre habrá dos policías de servicio, puesto que la falta de efectivos obligaba hasta ahora a realizar numerosas patrullas unipersonales, es decir, en las que sólo trabaja un policía, o incluso que en el caso del municipio más pequeño no hubiera servicio por las noches. La nueva jefatura estará dirigida por el oficial Daniel Monera, hasta ahora jefe en Cox, y su homónimo en Granja, Victor Monzó, ocupará el puesto de adjunto al jefe operativo.

Nóminas

Cada consistorio asumirá las nóminas de sus agentes pero habrá otros gastos, como los coches patrulla, uniformes o equipos de transmisión que serán compartidos. En ese sentido, cada localidad pagará un porcentaje en función de su número de habitantes. La jefatura estará en Cox, ya que dispone de unas instalaciones mejor dotadas, aunque se desplazará a Granja los miércoles por la mañana para facilitar a los vecinos determinados trámites. Tanto la indumentaria de los efectivos como los coches llevarán ahora rotulados «Asociación de la Policía Granja-Cox». En principio se mantendrán los números de teléfono asociados a ambos cuerpos aunque todas las llamadas se atenderán a través de una misma centralita.

Para unificar los dos cuerpos de seguridad se han tenido que realizar diversos trámites para justificar que se cumplen los requisitos establecidos por la legislación. Entre ellos destacan cuatro, que son: ser municipios limítrofes y de la misma comunidad autónoma; no disponer por separado de recursos suficientes para la prestación de los servicios de Policía Local, con lo que se ganaría en eficacia; no sumar más de 40.000 habitantes y tener cuerpos de Policía Local previamente en funcionamiento. Todas esas condiciones están establecidas en la Ley Orgánica 16/2007, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, que modificó la Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Esta modificación posibilita que los municipios con escasos recursos para la prestación del servicio público de Policía Local puedan asociarse para la ejecución conjunta del mismo. El trámite se inició en mayo y consiguió el visto bueno del Ministerio en seis meses.