Los hechos comenzaron a investigarse en el año 2006 a raíz de que el empresario Ángel Fenoll denunciara la existencia de supuestos sobornos en el concurso público para adjudicar el contrato de la basura en Orihuela. En las pesquisas abiertas, Fenoll pasó de denunciante a investigado al descubrirse que el empresario utilizaba grabaciones para extorsionar a políticos a fin de mantener la contrata. Por ejemplo, en uno de esos vídeos se observa cómo un edil recoge fajos de billetes.