El Ayuntamiento de San Fulgencio liquidó ayer en un pleno de 12 minutos la adjudicación del contrato más cuantioso de este mandato, el de las basuras, por 16 millones de euros y con una vigencia de 22 años. El acuerdo fue aprobado por el equipo de gobierno liderado por un alcalde, Carlos Ramírez, que fue condenado a ocho años y medio de inhabilitación por prevaricar, y en el que se integran cinco ediles expulsados del PP y un concejal de UPyD que les da la mayoría. La oposición del Partido Independiente por las Nacionalidades (PIPN) votó en contra y anunció que llevará este asunto al juzgado. El PSOE también rechazó la propuesta y el único edil que queda en el PP se abstuvo.

La sesión se desarrolló con suma rapidez e intervino más la oposición que el propio gobierno. La portavoz del PIPN, Charo Mejías, advirtió ayer al gobierno que denunciaría este asunto en los tribunales al considerar que la adjudicación «no debería de ser una concesión de contrato de servicios sino un contrato de servicios». La edil explicó que la diferencia es que en un contrato de servicios la empresa asume determinados riesgos económicos y «en este caso no tiene ninguno porque tiene el contrato para 22 años y va a cobrar todos los meses del Ayuntamiento». La edil aseguró que su grupo apoyará su reclamación judicial con un informe del secretario «que dice que se incumple el pliego de condiciones porque se ha admitido documentación fuera de plazo». La concejala reprochó asimismo a los integrantes del gobierno que sigan apoyando a Ramírez, quien además será juzgado por eludir las normas para evitar un contrato público, enfrentándose a una pena de dos años y tres meses de prisión por un supuesto delito de fraude, y de nueve años y seis meses de inhabilitación por prevaricación a petición de la Fiscalía.

Ramírez defendió ayer que la tramitación de este contrato ha sido «impoluta» y que será beneficioso porque ahorrará dinero al Ayuntamiento. Explicó que la UTE asumirá servicios como la recogida de enseres y podas y habilitará una nave industrial que una vez que acabe la concesión pasará a ser de propiedad municipal.