La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) tiene el ojo puesto en la depuradora ubicada en Callosa de Segura. A dicha instalación llegan cada día litros y litros de residuos industriales que no han sido previamente tratados y que contaminan el agua que está destinada al riego de cultivos. Sólo en cinco meses se han detectado hasta 37 vertidos con elevados niveles de cloruros y conductividad, entre otros compuestos. En gran parte proceden de tres empresas concretas. El problema no es nuevo y se viene repitiendo de forma sistemática desde hace una década sin que los municipios que utilizan esta instalación -Callosa,Redován,Cox, Granja y Rafal- hayan conseguido solucionarlo.
Los análisis de aguas realizados por técnicos de la EPSAR se están multiplicando cada vez más. La entidad lleva años requiriendo a los ayuntamientos que medien con las mercantiles contaminadoras pero, como no se han obtenido resultados, sólo queda elevar informes a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que es la que interpone las sanciones.
Los vertidos llegan a través de las canalizaciones por parte de una empresa conservera ubicada en término de Orihuela pero que utiliza la red de saneamiento de Rafal; otra dedicada a la actividad hortícola radicada en Cox y una mercantil avícola en esa misma localidad. Algunos de los vertidos son marrones, otros grisáceos y también los hay rosados con «olor significativo a sangre de pollo», según se recoge en los informes.
Las aguas residuales que llegan a la depuradora se someten a un tratamiento de higienización que permite después destinarlas sobre todo a agricultura. Claro que la instalación no está preparada para tratar esa serie de vertidos industriales y, por un lado, se ve afectada la maquinaria, mientras que por otro ese agua residual no recibe el tratamiento que debería para poder ser vertida en acequias y azarbes. Al final parte de ese líquido acaba en el río Segura.
Las sanciones que se imponen por cada uno de esos vertidos van desde los 500 euros en los casos más leves hasta los 6.000 en los más graves. En este momento hay 37 vertidos que pueden ser sancionados, por lo que se desconoce la cuantía exacta que acabarán pagando los ayuntamientos. Lo que sí se sabe es que las multas que han abonado ya superan los 60.000 euros.
Cabe destacar que no todos los días se toman muestras de las aguas que llegan a la estación depuradora desde las alcantarillas de esos cinco municipios. Lo que sí parece que está claro es que cada vez que se hace uno de esos análisis, saltan las alarmas y se detectan vertidos irregulares.
Este hecho ha provocado enfrentamientos entre los ayuntamientos debido a que al estar asociados las sanciones las pagan entre todos. Todos ellos han exigido a los gobiernos de Cox y Rafal que obliguen a esas mercantiles a poner en marcha un sistema de depuración más efectivo que el que mantienen en la actualidad, pero visto lo visto es algo que aún no han conseguido. Ahora se ha aprobado una ordenanza que permitirá interponer sanciones si siguen incumpliendo.
