Unas 200 personas se han concentrado a las puertas de la desalinizadora de Torrevieja esta mañana para reclamar agua de riego de esta instalación y otras desalinizadoras del sureste y "salvar" la huerta de Europa. Entre los principales convocantes se encontraban el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) y el Círculo del Agua.
La protesta se enmarca en las movilizaciones iniciadas por las comunidades de regantes de Alicante, Murcia y Almería para exigir al Gobierno central medidas urgentes que permitan dotar de agua a la huerta en un momento de sequía máxima. Los regantes carecen desde principios de este año de los recursos del trasvase Tajo-Segura, que sigue cerrado por la falta de recursos hídricos en los pantanos de cabecera del Tajo.
Lucas Jiménez, presidente del SCRATS ha explicado que la situación de falta de agua en el sureste es "agónica" y ha reclamado medidas urgentes del gobierno de Rajoy para dotar de agua a la agricultura, además de alertar de que se corre el peligro, incluso, de no contar con agua para el consumo humano.
El presidente del SCRATS también ha matizado que la protesta de hoy era una demostración simbólica, y que no se esperaba una asistencia masiva de regantes porque la ubicación de la planta, con un espacio mínimo entre la carretera y el propio recinto de la planta y junto al vial que da acceso a ambulancias y pacientes del Hospital de Torrevieja, impedía una concentración mayor.
Las comunidades de regantes sí quieren trasladar una reivindicación masiva a Madrid en el mes de enero, después de la concentración de miles de personas en la sede la Confederación Hidrográfica del Segura hace unos días en Murcia.
Además de terminar cuanto antes la línea de alta tensión que permita doblar la capacidad de la desalinizadora de Torrevieja y que éste a plena producción, Jiménez ha solicitado que la desalinizadora de Mutxamel pueda suministrar agua de riego y que se repare la planta de Almanzora en Almería, que paralizó su producción al quedar anegada por una inundación dos meses después de ser inaugurada en 2012 tras una inversión de 77 millones de euros. Tanto las plantas desalinizadoras de Torrevieja como la de Almanzora, entre otras actuaciones del Programa Agua fueron investigadas por elevados sobrecostes e irregularidades en su gestión, desde 2011. A este acto también han acudido, entre otros, el presidente de Proexport, Juan Marín Bravo, y el secretario de organización de COAG (Coordinadora de Organización de Agricultores) Región de Murcia, Francisco Gil, quienes han insistido en la "ampliación" de la capacidad de la planta y la puesta en marcha al máximo rendimiento de todas las desaladoras del Levante. El objetivo no es otro que establecer las medidas urgentes necesarias para afrontar el déficit hídrico de la Cuenca del Segura. Marín Bravo ha declarado que es "de justicia" que después de cinco años se ponga en marcha la desaladora de Torrevieja, al tiempo que ha recordado que esta falta de agua pone en peligro "las cosechas y miles de puestos de trabajo". Gil, por su parte, ha hablado de "incertidumbre" por parte de los trabajadores del campo y ha incidido en la necesidad de "garantizar" un recurso "básico" como es el agua. El acto ha concentrado además a numerosos medios de comunicación procedentes de la vecina Región de Murcia.
Los regantes han trasladado hasta el lugar de la concentración un grupo electrógeno para simular que daban a la planta la energía que necesita.
A la concentración han acudido numerosos cargos del PP en poyo a los regantes, entre ellos el presidente de la Diputación, César Sánchez, el presidente provincial, José Císcar, y alcaldes de la Vega Baja como los de Benejúzar y Almoradí y cargos de los populares de Orihuela, como Rafael Almagro, Francisco Sáez Sironi y de Torrevieja -Rosario Martínez, Eduardo Gil Rebollo o Sandra Sánchez, entre otros.
El PP ha defendido su apoyo a que se ayude a la huerta con agua desalinizada "por responsabilidad", pese a su oposición frontal en el año 2007 a la construcción de la desaladora de Torrevieja, en la que se calificó la infraestructura como "una nuclear del mar" y se cerraron los accesos a la obra desde la carretera CV-95, titularidad de la Generalitat, en aquel momento bajo mandato popular. De hecho, algunos de los regantes y cargos públicos presentes hoy en Torrevieja protestaron en el mismo punto hace una década para reclamar el gobierno central, en esos momentos en manos del PSOE, para oponerse frontalmente a esta infraestructura y reclamar el trasvase del Ebro. El PP hoy ha estado reclamando soluciones a este problema del agua al Ministerio de Medio Ambiente, que gestiona las plantas de desalinizadoras y las cuencas hidrográficas y que es competencia del PP en la administración central.
El secretario provincial del PP, José Císcar, ha matizado que hay que luchar contra la sequía con los recursos disponibles, y que aunque la desalinización no es solución debe complementar la falta de agua para la agricultura "siempre mezclada con agua superficiales", ha asegurado. También ha cuestionado cómo se realizaron aquellas obras, con una gran inversión de dinero público, y falta de previsión "hasta el punto que diez años después todavía se está realizando la obra para que cuente con suministro eléctrico suficiente".
Toda la producción de la desalinizadora de Torrevieja se destina en estos momentos al consumo urbano. Sin la aportación que realiza esta planta, la Mancomunidad de Canales del Taibilla habría tenido que recurrir a los cortes de suministro. Antes decidir destinar toda el agua al suministro, algo que sucedió el pasado mes de septiembre, todos los recursos se derivaban al regadío con el metro cúbico de agua subvencionado por el gobierno a 0,30 euros, pese a que el presidente de Jóvenes Agricultores, Eladio Aniorte, ha llegado a asegurar que les costaba un euro y ha reclamado que se distribuya a 0.10 euros metro cúbico. Precio que llegaron a pagar las comunidades de regantes por el agua del Trasvase, cuando no había sequía y no se había regulado por un acuerdo político en 2015 entre varias comunidades autónomas. Aniorte ha dicho que están en peligro 30.000 hectáreas de cultivo en las huertas de Elche y la Vega Baja en estos momentos por falta de agua, y recordó que se pide agua para "producir alimentos", que si la situación no mejora terminarán vendiéndose mucho más caros en el mercado.
La desalinizadora va concluir el ejercicio con una producción de más de 40 hectómetros, la mitad de su capacidad técnica de 80 hectómetros. En junio, la empresa estatal Acuamed y Acciona, que es la adjudicataria de la explotación, esperan poder duplicar esa producción al recibir energía de una nueva línea eléctrica de alta tensión que se está construyendo en estos momentos. Esa fecha de finalización podría adelantarse a abril.
La afluencia a la protesta se ha visto reducida porque no existía autorización para los accesos con vehículo al aparcamiento de la planta desalinizadora y los asistentes, la mayoría representantes de comunidades de regantes, han tenido que cubrir la distancia a pie cruzando rotondas y la carretera CV-95 y aparcando, en algunos casos, a más de quinientos metros de la zona de convocatoria.
La Policía Local de Torrevieja y la Guardia Civil solo han dejado acceder algunos vehículos, entre ellos los de los cargos públicos, mientras que el resto de asistentes han tenido que enfilar por los márgenes de la carretera que no cuentan con arcén en este punto, con el criterio de que el aparcamiento de la planta desalinizadora pública que costó 300 millones de euros, era un recinto privado.
A la protesta tambián ha acudido un grupo de regantes del Raiguero de Totana y mujeres rurales que han denunciado la actitud del PP a la hora de apoyar ahora la desalinización para el uso agrícola.
