El presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, Manuel Pineda y el director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer, confirmaron ayer que la Dirección General del Sector Público «ha dado el visto bueno a la compra de la acción de la empresa Vaersa», lo que permitirá que la empresa pública gestione los desechos de la comarca. Ayer se registró el proyecto de gestión para que la Vega Baja cuente con la primera planta de transferencia, concretamente en Dolores, para lo cual la comisión de Medio Ambiente ha aprobado ya la asignación de 800.000 euros en los presupuestos de 2018. La misma cuantía habrá en 2019. Piquer entró en la polémica sobre la gestión de Pineda, quien vendió en una rueda de Prensa el proyecto de una empresa privada en Orihuela que pretendía gestionar los residuos (por lo cual el PP le ha pedido su dimisión), y dijo al respecto que «se ha trasladado con total transparencia los datos de esta posible instalación de transferencia, pero es un procedimiento que tiene que ir con la ley de contratos del sector público, además de que será el Consorcio quien deberá elaborar los estudios e informes para una posterior licitación».
Como se recordará, Pineda negó haberse reunido con la empresa y afirmó que el proyecto se lo encontró en la mesa de su despacho sin saber quién se lo había dejado allí. Después de que INFORMACIÓN publicara este asunto y el PP pidiera su dimisión, compareció para admitir que sí se había reunido con la mercantil, afirmado que lo hizo a instancias de altos cargos del Partido Popular a los que se negó a identificar.
Según Piquer, ese 1,6 millones que va a dar su departamento en los dos próximos años, «tiene que permitirnos costear las instalaciones de la comarca. Hemos trabajado de una forma silenciosa, muy duramente, para poder disponer de esta cantidad económica» y lamentó que «no haya habido propuesta del Partido Popular en las Cortes para poder disponer de mayores cantidades presupuestarias en favor de la Vega Baja».
Asimismo explicó que la acción comprada a Vaersa salva el escollo de que no haya sentencia aún sobre el procedimiento incoado por la empresa Cepsa-Ortiz, a la que se le adjudicó la gestión. «Con esta declaración de medio propio (Vaersa) ya no tenemos que esperar y podemos comenzar los trabajos administrativos y con disponibilidad presupuestaria».
El director general recordó que se llevan hasta 60.000 toneladas al año en la vecina Región de Murcia y más de 100.000 toneladas al año en el resto de comarcas de la provincia. Piquer insistió en que «es imposible de explicar en el Ministerio de Medio Ambiente y en la Comisión Europea por qué algunos representantes institucionales del Partido Popular en la Vega Baja están adoptando este tipo de actitudes en contra del desarrollo de instalaciones de gestión». Piquer aseguró que los municipios no pueden abandonar el Consorcio, tal y como han amenazado algunos gobernados por el PP. «Esto sería malo para los ciudadanos de esos municipios y, además, ya se obtuvieron sentencias de que los municipios están obligados a seguir las directrices del Consorcio».
