Uno de los alcaldes más veteranos de la Vega Baja, el de Benferri, Luis Vicente Mateo (PSOE), será juzgado por un presunto delito de prevaricación. El juzgado de Lo Penal Número 1 de Orihuela ha decretado la apertura de juicio oral y sentará en el banquillo al socialista por ocultar informes del interventor con reparos al pago de sus dietas y desplazamientos; unos emolumentos que cobró de forma supuestamente irregular saltándose el control municipal. Por esos hechos la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de inhabilitación de nueve años y el , que ejerce la acusación, pide que se le aparte de la política durante 10 años.

El PP de la Vega Baja exigió ayer la dimisión de Luis Vicente Mateo al trascender el auto de apertura de juicio oral. Fue ese partido, que ejerce la oposición en Benferri, quien denunció en la Fiscalía Anticorrupción que el regidor se había saltado presuntamente los controles municipales de Intervención y había retirado unilateralmente del Registro municipal documentos presentados por el fedatario público, que puso reparos al pago de sus dietas.

El coordinador del PP en la comarca, Adrián Ballester, consideró ayer que «el PSPV no puede mirar a otro lado en este caso» y exigió al responsable socialista en la Vega Baja, Manuel Pineda, que «expulse inmediatamente a Mateo del partido y abandone todo cargo municipal».

Ballester consideró que «ahora es el momento de comprobar dónde está la línea roja de los socialistas en la asunción de responsabilidades políticas y si se mueve dependiendo de quién sea el investigado». El dirigente popular estimó que el PSPV «se juega su credibilidad en la provincia después del bochorno diario que vivimos con el alcalde de Alicante», al que también le han abierto juicio oral por otro delito de prevaricación administrativa. Cree que «ahora no hay que dar lecciones a los demás sino aplicarlas en carne propia».

En 2004

Los hechos que sentarán en el banquillo a Luis Vicente Mateo se remontan a octubre de 2014, cuando el interventor del Ayuntamiento puso reparos al pago de 962, 09 euros de unas dietas por kilometraje y representación que el alcalde pidió cobrar. Esto mismo sucedió con otros pagos por importe de 472 y 820 euros, respectivamente, que se fueron formalizando con la advertencia del funcionario municipal.

El alcalde, sin embargo, lejos de justificarlos ante el Pleno, como le advertía el interventor, emitió un decreto para que los reparos fueron retirados del Registro de entrada y dijo que se contrataría a un despacho de abogados para que emitiera informes sobre la legalidad de las dietas ya cobradas. El PP entiende que «el acusado infringió de manera consciente las normas que regulan el procedimiento establecido» y «era consciente de lo ilegal de su actuación», motivo por el que solicita diez años de inhabilitación por considerar a Mateo culpable de un delito de prevaricación.

Por su parte, el fiscal entiende que Mateo infringió «de forma radical las normas esenciales y básicas que regulan el procedimiento» legal, con un comportamiento «torticero» con el objetivo de «que no se diera publicidad en el Pleno de la corporación los reparos presentados» por el interventor, con lo que «obstaculizaba, sin justificación legal alguna, la labor de control político de la oposición».

La acusación pública entiende que esa maniobra sirvió para entorpecer al resto de partidos lo que guiaba sus «mendaces propósitos», como lo demuestra el hecho de que el Ministerio Fiscal no tenga constancia de que se haya pedido ningún tipo de asesoramiento legal externo, «como tampoco ha dado cuenta al Pleno» de los reparos de Intervención.

«Cacicadas»

El portavoz del PP en Benferri, Bernado Mira, consideró ayer que «las cacicadas de Mateo deben terminar aquí», una vez que el juez ha decidido abrirle juicio oral por un delito de prevaricación, por lo que «debe marcharse mañana mismo a casa ante de desfilar por el juzgado». El popular consideró que Benferri «no se merece tener un alcalde procesado» y pidió a los socialistas de la localidad que «ahorren disgustos y espectáculos» a los ciudadanos.

«El alcalde siempre se ha comportado como el dueño de una finca, en lugar de como regidor de una localidad, y ahora tiene que dar explicaciones a la Justicia ante uno de sus supuestos desmanes», valoró ayer el responsable del PP en el municipio.