La Conselleria de Vivienda, a través de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), ha asignado las primeras 25 viviendas protegidas en varios municipios de la Comunitat, tras la aplicación de los nuevos criterios sociales que prioriza a aquellos colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda.

De las 25 viviendas asignadas con criterios sociales, nueve corresponden a la provincia de Alicante, todas ellas en Pilar de la Horadada, y 11 a la provincia de Valencia: siete en Gandia, tres en el centro histórico de Valencia y una en Vilamarxant.

En la provincia de Castellón se ha firmado un contrato en una vivienda del Grao de Castellón y otras cuatro en Castellón de la Plana, según un comunicado de Generalitat.

Según ha destacado la directora general del EIGE, Helena Beunza, con estas adjudicaciones "convertimos nuestros compromisos en realidades", ya que, "el impulso de la vivienda protegida que está llevando a cabo el actual Consell se ha traducido en numerosas medidas".

En el Seminari de Govern d'Hivern, celebrado en Sagunt, se estableció el compromiso de facilitar el acceso a todas las viviendas de protección pública, por lo que se acordó crear unos criterios sociales para priorizar el acceso a estos inmuebles.

Fruto de dicha decisión, se publicaba la Resolución del 16 de junio de 2017, de la Conselleria de Vivienda, por la que se aprobaban los criterios de acceso en régimen de arrendamiento a las viviendas de protección pública propiedad de EIGE.

En este sentido, la directora general ha explicado que la Ley por la Función Social de la Vivienda impulsada por la Generalitat obliga a adecuar los procedimientos de adjudicación de viviendas y se establece que para acceder a una VPO, además de cumplir los requisitos establecidos para residir en una vivienda protegida, se priorizará a determinados colectivos.

Estos colectivos son víctimas de violencia de género; personas afectadas por un desahucio derivado de una ejecución hipotecaria o por impago de cuotas de alquiler; personas discapacitadas con un grado de discapacidad reconocido; familias con menores a su cargo; aquellos que residan en inmuebles con barreras arquitectónicas no subsanables; o familias para las que pagar el alquiler suponga más del 25 % de los ingresos de la unidad.

Asimismo, la resolución también tiene en cuenta otras situaciones como que en la unidad familiar haya algún integrante menor de 35 años o mayor de 60 años, así como solicitantes que se ven obligados a desplazarse por motivos laborales.

En el caso de igualdad de puntuación, se dará preferencia a las solicitudes más antiguas.

Por lo que respecta a las 25 primeras viviendas asignadas, los colectivos que se han beneficiado en estas adjudicaciones han sido principalmente unidades de convivencia con un menor a su cargo, con algún integrante menor de 35 años y familias con necesidad de vivienda.

También se han adjudicado a víctimas de violencia de género, discapacidad y por traslado por motivos laborables.

Según la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, "la falta de una política en materia de vivienda de gobiernos anteriores puso de manifiesto una gran carencia de planificación en las promociones de vivienda protegida de la Generalitat".

"De ahí que las medidas impulsadas por el actual Consell demuestren su sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables para buscar soluciones que den respuesta a unas necesidades sociales que deben ser atendidas", ha concluido.