Cuando hace algo más de cinco años el Ministerio de Hacienda, que ya comandaba Cristóbal Montoro, puso en marcha su primer plan de pago a proveedores para atar en corto a ayuntamientos, diputaciones y comunidades que en plena crisis habían dilatado hasta la extenuación el pago a las empresas que le daban servicios (ahogando a muchas de ellas que se fueron a la quiebra), no esperaba que a finales de 2017 algunos ayuntamientos siguieran necesitando más de 100 días para liquidar sus deudas.
De hecho, el periodo medio que considera aceptable se fija en 30 desde que la factura o el derecho de pago entra en el Ayuntamiento hasta su abono y de todo ello tienen que dar cumplida cuenta periódicamente los municipios para observar quién hace los deberes. Pues bien, el Ayuntamiento de Orihuela, según el último informe trimestral superaba los cien días (100,58 exactamente) y, de hecho, el departamento de Montoro ya le ha advertido que no piensa consentir por más tiempo esta desviación del objetivo. Ante ello, sólo le da un camino: al equipo de gobierno (PP y Cs) presentar un Plan de Tesorería, es decir un proyecto que garantice el cumplimiento de los pagos dentro de los periodos acordados o bien se verá obligado a retener las transferencias estatales para hacer aquello que no hace el Ayuntamiento: pagar dentro de plazo. El próximo día 22 se presentará por el Ministerio de Hacienda el último informe sobre el cumplimiento o no y, está claro, que Orihuela no va a poder hacer mágia.
El problema en Orihuela sobre cuándo se paga a los proveedores no es nada nuevo: de hecho, el pasado mandato (2011-2015) fue una eterna crítica del PP, entonces en la oposición, hacia el equipo de gobierno (PSOE, Los Verdes) por los reiterados incumplimientos que llevaron a amenazas muy similares sobre retención de ingresos, entonces aireadas desde las filas populares. Lo curioso es que, cambiadas las tornas con la elección en junio de 2015 de Emilio Bascuñana (PP) como regidor, el problema no se ha resuelto y, prácticamente, ni ha mejorado. Y eso que, como se recordará, el Ministerio de Hacienda optó por hacer tabla rasa con todos los municipios que no tenían ni un euro en sus arcas y diseñó con los bancos un plan de financiación de todas sus deudas (lo que se llamó sacar las facturas de los cajones) para que en un plazo de diez años intentar dejar a cero el contador de las deudas. Pues ni así.
Orihuela tiene comprometido pagos que no ha realizado dentro del periodo por un montante de 7,3 millones de euros. Y el problema no es de tener las arcas vacías pues el equipo de gobierno no para de anunciar los acuerdos que se están adoptando en junta de gobierno para el pago de decenas de facturas cada martes (las últimas contabilizaban cerca de un cuarto de millón de euros) o de licitaciones también millonarias. El problema es, evidentemente, que el área no funciona. Hace algunos meses, el regidor decidió dar el relevo al frente de la concejalía y Sabina Galindo sustituyó a Rafael Almagro.
