El concejal de Hacienda, José Hurtado (Los Verdes), ha querido rebajar esta mañana el "entusiasmo" expresado por distintos cargos públicos del PP locales, como el diputado nacional Joaquín Albaladejo o el portavoz del PP, Eduardo Dolón, al hacerse eco en las redes sociales de una información que sitúa al Ayuntamiento de Torrevieja en una "lista negra" del Ministerio de Hacienda como administración local con amenaza de "intervención" por su morosidad a la hora de abonar las facturas a los proveedores.

En concreto, esa información difundida por varios medios nacionales indica que el municipio arrastraba una deuda con proveedores de 12,3 millones de euros y un periodo de pago medio de 120 días. La amenaza del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro pasa por la retención de las tranferencias del Estado que corresponden al municipio para abonar directamente las facturas.

Sin embargo, según ha explicado Hurtado a preguntas de este diario, esos datos no están actualizados. El periodo de pago se redujo a 117 días a finales de septiembre y, según los técnicos se situará en torno a los 30 días a finales de este mismo año. El tope legal que reclama el Ministerio de Hacienda.

Hurtado también ha aclarado que una vez que se aprueba una modificación de créditos para abonar pagos a proveedores, hay que dar el visto bueno a su correspondiente partida presupuestaria en unas cuentas que no lo reflejan porque están prorrogadas desde 2015. Esos dos trámites se llevaron a pleno en julio y septiembre. Después los funcionarios tienen iniciar el procedimiento de abono a las empresas en Tesorería, que se está realizando ahora. El edil ha explicado que en sucesivas sesiones plenarias indicó públicamente, sin ocultarlo, que el retraso en esos abonos estaba aumentando el periodo de pago.

El edil también ha recordado que, al contrario de lo que ocurre con muchos de esos municipios incluidos en la lista de Hacienda, el problema del Ayuntamiento de Torrevieja no es de liquidez, ya que cuenta con suficiente para afrontar esos abonos. Además, cumpliendo las exigencias del ejecutivo central, ha destinado buena parte de su superávit a pagar deuda y amortizar préstamos. El Ministerio de Hacienda obliga a los ayuntamientos a destinar como prioridad, el dinero del superávit a los bancos y después deja un margen para la inversión real. Torrevieja ha seguido ese requisto de cumplir con los bancos -muy cuestionado por el propio PP- , otros municipios, no.

El edil ha explicado que precisamente el PP es la única formación que rechazó esa modificación de créditos. Una parte de esos abonos a proveedores proceden de los impagos a la empresa recogida de basuras, que realiza la prestación sin contrato porque la previsión del actual gobierno era municipalizar el servicio. Algo que finalmente rechazó la oposición. También hay pagos a proveedores fuera de contrato por la prestación de telefonía -el concurso se suspendió por una reclamación de una multinacional- y limpieza de edificios municipales. Ambos asuntos sin resolver y responsabilidad del actual mandato- y cumplimiento de sentencias judiciales de anteriores derivadas de decisiones de mandatos.