La condena hace un mes al alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez, a ocho años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa y su negativa a dejar la Alcaldía sin esperar al recurso que ha presentado, tal y como le exigió la dirección provincial del Partido Popular (PP), ha terminado en una situación insólita en la cual cinco de los seis ediles populares han preferido seguir con él, a sabiendas de que eso suponía la expulsión inmediata de un partido en el cual alguno llevaba militando tres décadas, que pasar a las filas de la oposición como grupo municipal popular y evidenciar que se quedaba sólo. En ese pulso todos se veían ayer vencedores: los concejales, porque consideran que han hecho lo que debían; y la dirección provincial del PP porque no podía consentirlo.

El 3 de noviembre INFORMACIÓN publicó en exclusiva la sentencia que condenaba al alcalde y ese día comenzó un largo tira y afloja entre Carlos Ramírez y la dirección provincial para gestionar este asunto y su salida del Ayuntamiento. Ese mismo día, el regidor se dio de baja en el partido y dimitió como presidente local, pero siguió al frente de la Alcaldía. Mientras tanto, recurrió la sentencia ante la Audiencia pero, al mismo tiempo, le pidio al juzgado que la ejecutara, lo que pudiera parecer un contrasentido, que éste llevó a cabo para demostrar que era inaplicable. La dirección provincial comenzó a gestionar el relevo en el partido e intentar convencer a Ramírez de que dejara el cargo en beneficio de uno de sus concejales, pero éste se aferró a la argucia legal y pidió más tiempo.

La oposición no daba crédito a reuniones, comisiones e incluso plenos que se desarrollaron los días siguientes y en los cuales Ramírez contó con el apoyo de los concejales del PP como si no hubiera pasado nada (también hay un edil de UPyD en su gobierno). Durante esos días se tenía que continuar la tramitación de uno de los contratos más importantes del municipio: la nueva contrata de limpieza urbana por 16 millones de euros y 22 años. Y Carlos Ramírez y su equipo siguieron adelante.

Sólo cuando las informaciones publicadas por el diario y las criticas del PSOE, que pusieron a Isabel Bonig, presidenta regional del PP, en el ojo del huracán por este asunto, la dirección provincial comenzó a tomar decisiones porque, entre otros motivos, se dio cuenta que aquella situación no iba a cambiar. Nombró a Vicente Murcia al frente de la gestora y dio un plazo que vencía ayer a las diez horas para que los seis ediles se marcharan a la oposición. El PP quería dejar solo al alcalde, pero el tiro le salió por la culata porque Paulino Herrero, Susana Ortuño, Mari Ángeles Ortuño, Borja Alonso y Vicente Murcia (el presidente de la gestora) le dijeron que iban a seguir con Carlos Ramírez y que si querían, que los echaran, que su decisión estaba tomada.

Así las cosas, Carlos Ramírez, pendiente de su recurso, sigue al frente de un Ayuntamiento con 13 ediles de los que sólo 12 acuden a los plenos (hay un independiente, Mariano Martín, quien tras ser condenado a una pena de inhabilitación ni ha dejado el cargo ni acude por allí para nada). El regidor mantiene la mayoría que le dan los cinco que le han preferido a él que al partido y el de UPyD y el PP es ahora oposición.