El Fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ha solicitado al juzgado el procesamiento del exalcalde Pedro Hernández Mateo por el caso de la compra y venta de fincas rústicas en Almoradí. El Ministerio Fiscal entiende que -tras doce años- la instrucción está concluida y pide la apertura de procedimiento abreviado, con lo que, en caso de que la juez que lleva el asunto admita esa solicitud, las partes deberán realizar el escrito de calificación. Hernández Mateo quedaría a un paso de sentarse, de nuevo, en el banquillo. El juzgado, Instrucción 4 de Torrevieja, también puede decidir el archivo, que es lo que pedirá con toda probabilidad la defensa de Hernández Mateo y la de varios empresarios investigados en la causa, tanto ahora como si confirma el auto de procesamiento por el juzgado.
La investigación se centra en una operación inmobiliaria con un supuesto beneficio multimillonario para Hernández Mateo. En el año 2000 el que fuera primer edil y diputado autonómico del PP compró 20 hectáreas de suelo rústico agrícola en Almoradí por 180.000 euros. Solo dos años después se desprendió de esa propiedad vendiéndola por 5,4 millones de euros, según el registro de la propiedad. Una cifra astronómica considerando que los suelos no tenían perspectivas urbanísticas. Los compradores de las fincas rústicas era un grupo de empresas inmobiliarias (Edén del Mar) que durante aquellos años del boom habían desarrollado una intensa actividad constructora en Torrevieja, con Hernández Mateo ejerciendo en algunos periodos como delegado de Urbanismo.
Recorrido
Con esta solicitud, que la Fiscalía ha hecho llegar al juzgado hace unas semanas Anticorrupción da por cerrada una instrucción que tuvo su punto de partida en las denuncias presentadas por IU y Los Verdes a mediados de 2005, tras desvelar este diario la operación de compra y venta. El Ministerio Público considera que supuestos indicios de delito por supuesta prevaricación y cohecho en la actuación de Hernández Mateo.
La investigación ha seguido un tortuoso recorrido de más de una década. Estuvo tres años y medio años en el juzgado de Torrevieja. Cuando Hernández Mateo asumió la condición de aforado en 2007 por su cargo de diputado autonómico, la causa fue remitida desde los juzgados de Torrevieja al Tribunal Superior de Justicia. Los magistrados consideraron que de lo investigado y de lo que se aportaba en el sumario no se derivaban indicios de delito, pero sí que se desprendía que Hernández Mateo había realizado una «ventajosísima operación» al multiplicar por 30 el valor de los terrenos en dos años, cuando los suelos seguían siendo no urbanizables. Eso fue en octubre de 2009. Y reclamaban al juzgado de Torrevieja que archivaran el procedimiento o aportaran nuevas diligencias. En realidad fue un mensaje directo para que el juzgado de Torrevieja continuara investigando. En mayo de 2014 el juzgado también imputó a los empresarios. Se negaron a declarar en el interrogatorio. En la causa solo se mantiene personada la acusación pública y la que ejerce Los Verdes, que el miércoles apuntó a esta resolución en una comparecencia en rueda de prensa.
El exalcalde, que ha cumplido tres años de cárcel, en su mayor parte en régimen abierto de semilibertad por el caso del amaño de la contrata de las basuras e inhabilitado para ejercer cargos públicos por esa misma sentencia, ha mantenido siempre que la operación era transparente y pertenecía a su ámbito privado, de ahí que dejara constancia de ella en el registro de la propiedad. Como abono de las fincas Hernández recibió un primer pago con la entrega de una finca de 6 hectáreas en San Miguel de Salinas, junto al pantano de La Pedrera y valorada en 600.000 euros.
Desde ese momento a 2012 iría percibiendo cada mes de septiembre entre 2003 y 2012 septiembre otros 480.809 euros aunque algunas fuentes mantienen que solo habría percibido una parte de ese dinero, coincidiendo con el hecho de que se denunciara la operación en el juzgado y se hiciera pública.
