La empresa Aparcamientos Torrevieja S. L. ha querido explicar su versión sobre el desalojo realizado por la Generalitat Valenciana de las instalaciones que explotaba hasta hace unos días como estacionamiento en el recinto portuario de Torrevieja y del que se hizo eco este diario y otros medios de comunicación locales. Francisca Ramírez, administradora de la firma, asegura que la información ofrecida por los medios de comunicación sobre este asunto -facilitada por la Generalitat- es «inexacta y causa perjuicio a nuestra imagen». Explica la misma fuente tiene tres recursos contenciosos administrativos interpuestos en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Uno contra la resolución de la adjudicación del aparcamiento, otro contra la resolución del contrato con la Generalitat y un tercero contra el propio expediente de desahucio administrativo.

Para la mercantil «si fuera cierto» que la dirección general de Puertos ha facilitado información sobre este asunto -de la que se hicieron eco también otros medios de comunicación locales, «sería sesgada e inexacta puesto que no existe resolución judicial firme». Lo que indicó la dirección general de Puertos es que antes de actuar con el desalojo los servicios jurídicos habían comprobado supuestamente que no existían medidas de paralización de ese desahucio. «Todo este asunto se encuentra sub iudice, y serán en todo caso los tribunales los que resuelvan y dictaminen sobre la legitimidad o no, sobre la ocupación o no, y sobre la firmeza o no de las resoluciones judiciales, puesto que son los únicos órganos competentes para ello».

Para la empresa la información trasladada da «lugar a interpretaciones erróneas». La mercantil se muestra especialmente molesta por el hecho de que la Generalitat se valiera de efectivos policiales con lo que se pudo «sugerir» que fueron las fuerzas de seguridad los que tuvieron que proceder a un violento desalojo », cuando los trabajadores, como pudo comprobar este diario, sí colaboraron.