El Ayuntamiento de Callosa de Segura reclama al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Fomento, 1.998.287 euros, más el recargo correspondiente por atrasos, que eleva la cantidad por encima de los 2,1 millones, por los terrenos afectados, y no expropiados, y el volumen de material extraído para la construcción del túnel del Tren de Alta Velocidad que atraviesa la sierra del municipio.

La Concejalía de Haciendo emitió el pasado mes de febrero un decreto de liquidación de esa deuda que no fue recurrido en el plazo legal establecido por Adif, ni por vía administrativa ni judicial, por lo que el decreto ya tiene la consideración de firme y consentido y la reclamación de la deuda ha pasado a Suma, que ya ha hecho una providencia de embargo al Ministerio de Fomento. Tras serle notificado el apremio, Adif pidió la nulidad del acuerdo de liquidación de los 2,1 millones de euros, única vía legal que le queda para tratar de evitar el pago de esa cantidad. El administrador ferroviario alega que el Ayuntamiento no tiene competencias para aprobar una liquidación de estas características y que se ha saltado los procedimientos legales, basándose en que, asegura, la competencia en materia expropiatoria le corresponde al Estado y no al Consistorio.

Sin embargo, el equipo de gobierno callosino va a proponer la inadmisión de esa solicitud de Adif en el pleno y dará luz verde a la ejecución de la providencia de embargo. Todo basándose en que las obras han ocupado mucha más superficie de la afectada por la expropiación y que se ha extraído más material del interior de la sierra que el establecido, y así lo acredita un informe del arquitecto municipal encargado en enero de 2014.

En total la superficie afectada es de 77.531 metros cuadrados que Adif ocupó con carácter permanente para la ejecución de esa obra. En 2012 se firmó el acta de expropiación forzosa y se abonó al Ayuntamiento el justiprecio acordado entonces que fue de tan sólo 4.900 euros que pagó Fomento; pero dos años después, el arquitecto estimó que el valor del terreno realmente afectado, sin contar la explotación del mismo y descontando la parte expropiada, así como el valor estimado de los beneficios obtenidos por la extracción del material pétreo, ascendía a una cantidad que se alejaba muchísimo de lo abonado por Adif, nada menos que a 1.998.287 euros.

A pesar de que en noviembre de 2014 el Ayuntamiento requirió a Adif la suscripción de un acta complementaria para el pago de la mayor superficie afectada por los trabajos de construcción de la línea del AVE que unirá Madrid, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, en el tramo entre San Isidro y Orihuela, ésta hizo caso omiso. «No pretenderá Fomento que el daño a la sierra y a los parajes de la localidad haya quedado indemnizado con 4.900 euros», se quejó el edil de Hacienda, Rubén Manresa.