Los seis concejales del grupo popular de San Fulgencio no tienen nada claro que vayan a acatar la orden que les ha dado la dirección provincial de renunciar a sus competencias de gobierno y dar la espalda al alcalde, Carlos Ramírez, condenado por prevaricación. Los ediles se reunieron ayer tras conocer «a través de la Prensa», aseguran, el ultimátum que les han dado sus jefes en la provincia. La mitad sopesa renunciar a las siglas de la gaviota y seguir gobernando con Ramírez como no adscritos y la otra mitad estudia obedecer y pasar a la oposición.
El encuentro organizado ayer entre los seis ediles y el alcalde en el Ayuntamiento elevó la tensión de los últimos días. Se produjo a medio día y hasta esa hora aseguran que nadie del partido les había comunicado oficialmente que o dejaban las competencias de gobierno antes de que acabe la semana o serían expulsados de la formación. Lo único que quedó claro en esa reunión es que todos creen que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana debería de darles más tiempo y no obligarles a apartarse del gobierno hasta que la Audiencia resuelva el recurso que el alcalde tiene previsto registrar hoy mismo.
A ese respecto, aseguraron que el viernes está previsto un encuentro de militantes del PP de la Vega Baja con la presidenta del partido en la Comunidad, Isabel Bonig, y quieren acudir para pedirle que sea más flexible y les conceda tiempo. No obstante, a tenor de las declaraciones realizadas ayer por Bonig en Les Corts, que exigió a Ramírez que deje el acta y se marche a casa, no está tan claro que vaya a acceder a esa petición. La condena a ocho años y medio de inhabilitación a Ramírez por pagar casi 190.000 euros a un club deportivo creado y controlado por el Ayuntamiento se hizo pública el 3 de noviembre. Al día siguiente el regidor anunció que renunciaba a su militancia en el PP pero aseguró que seguiría en la Alcaldía. No fue hasta la semana pasada cuando pidió formalmente pasar al grupo de no adscritos. Durante ese tiempo que siguió en el seno del grupo popular, impulsó los últimos trámites para adjudicar el contrato más cuantioso del mandato, el de la basura, por 16 millones y blindando el servicio durante 22 años.
La oposición del municipio primero y después el PSPV-PSOE exigieron a Isabel Bonig que los ediles del PP no aprobaran la continuidad de ese trámite. Casi al mismo tiempo, el PP anunció ese ultimátum de que o dejaban las competencias de gobierno o serían expulsados antes de que acabe la semana. El final esta por ver.
