El Ayuntamiento de Torrevieja Torreviejatendrá que devolver 976.399,83 euros abonados en concepto de cuotas de plusvalía a las firmas y particulares que en su día vendieron la "famosa" finca de Almoradí a Hernández Mateo cuando era alcalde de Torrevieja por 5,4 millones de euros.

La empresa pagó el impuesto, pero luego recurrió. El motivo es que el Ayuntamiento rebasó ampliamente el plazo de cuatro años para reclamarlo, según consta en el fallo recogido en la Sentencia 206/17 del Juzgado Contencioso Administrativo de Elche.

El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, ha explicado que el Ayuntamiento no practicó dentro del plazo legalmente establecido las liquidaciones del Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU) con ocasión del pago del justiprecio expropiatorio de la parcela situada entre la variante de la N332, las viejas vías de Renfe, el canal de las salinas y la calle Diego Ramírez Pastor.

Dolón ha dicho que ese millón de euros se suma a los 14 millones de euros que el Ayuntamiento pagó en el año 2013 por la expropiación de la referida parcela, más otro millón por intereses de demora, lo que asciende al montante total de 16 millones de euros por una parcela que en gran parte de su superficie está afectada por las servidumbres de carreteras, costas y RENFE al encontrarse delimitada (en su contorno) por suelos que albergan o albergaron infraestructuras básicas. Es decir, con escaso valor de uso real ahora para el propio municipio, pero que sin embargo figuraban como dotacionales en el PGOU y había que expropiarlas. Suelo escolar, dotacional docente -1.061 metros cuadrados y dotacional de parques y jardines 14.035 metros cuadrados, lo que en total supone 15.096 metros cuadrados).

Los terrenos sobre los que se giró la liquidación fueron inicialmente ocupados por el Ayuntamiento de Torrevieja en el año 2001, y en julio de ese año se solicitó el expediente de expropiación. En 2008, se fijó justiprecio por el jurado provincial de expropiación. En octubre de 2009 el ayuntamiento reconoció la obligación del citado pago, mientras que en septiembre de 2012 se dicta decreto de alcaldía en el que, al calcular los intereses de demora, se reconoce como fecha del devengo el 22 de noviembre de 2008 e igualmente la sentencia indica que pese a que las actas de formalización del pago y ocupación de los terrenos se otorgaron en octubre de 2012 y marzo de 2015 "lo cierto es que los terrenos en cuestión ya estaban ocupados desde el año 2001 y la obligación de pago del justiprecio, como se ha indicado, venció en noviembre de 2008". En consecuencia, giradas las liquidaciones de plusvalía en marzo de 2015 la sentencia concluye que "ha sido rebasado ampliamente el plazo prescriptivo de cuatro años".

Las fincas de Almoradí

Aunque la nota de prensa municipal no lo recoge, en sus declaraciones sobre este asunto el alcalde ha desvelado que el procedimiento judicial iniciado por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en el año 2005 sobre esta operación urbanística sigue viva 12 años después, y que Los Verdes mantienen su acusación personados en el procedimiento, que ha asegurado, podría "concluir" el año que viene. En esa instrucción figura como investigado el exalcalde Pedro Hernández y los empresa que compró la finca.

La denuncia de Fiscalía se interpuso por supuesto tráfico de influencias. El entonces alcalde habría adquirido 20 hectáreas rústicas en Almoradí por 180.000 euros para venderlas dos años después por más de 5,4 millones de euros, con el supuesto compromiso, recogido en un documento aportado en la causa pero que no está firmado, de hacer lo posible desde su cargos públicos, por incluir los suelos de los que se desprendía en un plan parcial. El procedimiento llegó a estar en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat por la condición de aforado en ese momento de Hernández Mateo como diputado autonómico. El TSJCV la devolvió a los juzgados de Torrevieja advirtiendo que no veía delitos en lo que se había indagado hasta ese momento pero sí una "ventajosísima operación" con Hernández como beneficiario, y pedía que se siguiera investigando.