El juzgado de Lo Contencioso de Elche ha resuelto que el Ayuntamiento de Torrevieja debe asumir las obras de urbanización pendientes desde hace 33 años en el residencial Torretas III-Punta La Víbora, tras una reclamación judicial realizada por la Asociación de Vecinos. La zona cuenta con unas 1.000 viviendas, según informó a este diario el despacho de abogados que lleva la causa, Chapapría-Navarro y Asociados.
La jueza estima solo parcialmente la reclamación de los vecinos, que también solicitaban una responsabilidad patrimonial por parte del municipio, al no asumir en su día la finalización de esas obras por 9 millones de euros. En torno a 5 millones sobre la estimación del Impuesto de Bienes Inmuebles que ha percibido el municipio durante estas tres décadas y otros 4 millones más del coste de realización de ese mantenimiento y obras previstas en el plan de urbanización. Nunca se ejecutaron pese a que, según recoge el contencioso, el urbanizador MASA sí llegó a aportar un aval para garantizar ese coste además de aportar las cesiones de suelo de zona verde, según recoge la resolución.
Pero ni el gobierno del PSOE hasta 1988, que validaron el acuerdo, ni los posteriores durante 27 años del PP, reclamaron esa ejecución. El juzgado da por hecho que la urbanización está recepcionada de forma tácita por el municipio desde el momento en que el permitió la ocupación de las viviendas y apertura de viales y se otorgaron las cédulas de habitabilidad, lo que significa que debe asumir la prestación de todos los servicios básicos. Lo que no es habitual desde el punto de vista jurídico, y en una resolución que puede sentar precedente, es que un juzgado inste a un municipio a resolver todas las deficiencias de urbanización de un residencial 30 años después de aprobar el plan parcial, además, remitiéndose al proyecto de urbanización de 1984. Algo que tendrá, en caso de ejecutarse, un coste millonario.
Desde hace más de una década, como ha recogido INFORMACIÓN, los vecinos han estado reivindicando la actuación municipal en ámbitos como la recogida de basura, el alumbrado, el suministro de agua o la jardinería. Carece de aceras y pavimento en esas calles interiores, en una situación de abandono que ha dado alas a la comisión de todo tipo de irregularidades urbanísticas por parte de los particulares, como ampliación de terrazas y alturas, en edificaciones que ya son muy precarias por sus reducidas dimensiones. Algo que ha generado problemas de ocupación de viviendas -hasta 80-
Historia de una chapuza
Viviendas turístico residenciales que en su día eran el paradigma del turismo de sol y playa que promocionó a Torrevieja por sus apartamentos como premio, junto a los de Cabo Cervera, en el programa de Televisión Española «Un, dos, tres». El contencioso ha desvelado además la verdadera historia de cómo se fraguó la urbanización. El constructor hizo 740 viviendas en suelo rústico bajo la dudosa figura urbanística de «bungalohotel» a principios de los 80, a medio camino de los mandatos de los alcaldes Rosa Mazón (PSOE) y Joaquín García (PSOE). Cuando el Ayuntamiento se dio cuenta de los graves déficits de infraestructura que arrastraba el residencial concretaron un proyecto de urbanización -figura que se suele aprobar antes, no después de construir-.
En el proyecto firmado por el alcalde Joaquín García, el entonces concejal de Urbanismo, Gabriel Samper y el conocido abogado urbanista «asesor honorífico de la Corporación» Juan Enrique Serrano, la promotora Masa, se comprometía a ejecutar obras por 306 millones de las antiguas pesetas y prestó incluso una fianza y los suelos de compensación para zonas verdes y viales. Tres años después, con la llegada del PP al gobierno local no se le exigió esa ejecución. Es más, el alcalde Pedro Ángel Hernández-Mateo (Partido Popular) asumió tras una década, a principios de los años 2000, que podía ocupar uno de los terrenos de zona verde sin ejecutar -un saladar protegido junto a la laguna- con la construcción del balneario que fue paralizado por el Ministerio de Medio Ambiente, mientras que el residencial seguía abandonado. La responsabilidad del constructor habría prescrito. El alcalde José Manuel Dolón (LV) indicó ayer que se está estudiando el fallo sin que se descarte recurrirlo.
