Comisiones Obreras (CC OO) acusó ayer a la alcaldesa de Albatera, Rosario Ballester, de estar boicoteando la huelga de limpieza de edificios públicos al no respetar los servicios mínimos pactados con los empleados, que están protestando porque no cobran sus nóminas. El sindicato anunció que estudia emprender acciones legales contra la regidora por «vulnerar los derechos de los trabajadores».
La huelga se inició hace dos semanas y media porque los empleados están sin cobrar casi tres meses. Según la organización sindical, la alcaldesa y otras personas están realizando labores de limpieza en dependencias públicas al margen de los trabajadores del servicio, causándoles un grave perjuicio ante la opinión pública y presentándoles «como verdugos en vez de como víctimas». Dicen además que el consistorio ha cambiado las cerraduras de las instalaciones deportivas para poder abrirlas debido a que los conserjes que las custodian también están en huelga.
Lo que CC OO pide es que el Ayuntamiento asuma de forma provisional y desde ya el servicio mientras se busca otra solución. De hecho aseguran que hasta se le ha ofrecido ayuda jurídica al consistorio desde otra localidad de la provincia (Aspe) que sí ha municipalizado el servicio.
Colegio Cervantes
Por su parte la regidora admitió que se está realizando limpieza en cuatro aulas del colegio Cervantes y cuatro más de ese centro ubicadas en la Casa de la Música. Según ella, a esos espacios no llegan los servicios mínimos porque dos de las empleadas del servicio están de baja laboral. Ballester explicó que por esa situación estaba recibiendo mucha presión por parte del Ampa debido a la suciedad que se acumulaba en las aulas. «Me dieron un ultimátum y me busqué dos voluntarios. Llamé a la Policía para que abrieran las clases e hicieran un informe de la situación. Cogimos las escobas y empezamos a barrer. No boicoteamos la huelga, estamos velando por la salud pública de un sitio en el que estudian niños. ¿Qué pasaría si alguno coge una infección? Sería mi responsabilidad y no estoy dispuesta», dijo la regidora.
Según Rosario Ballester, el Ayuntamiento ha pedido permiso al juzgado para poder asumir la plantilla mientras se adjudica el servicio a una empresa, algo que están haciendo para «conseguir que se subrogue a todo el personal». La regidora asegura que ese es el procedimiento a seguir debido a que la firma Liasur -que ha venido prestando el servicio- está en concurso de acreedores. Con todo ello espera que toda esta situación esté solucionada en «tres o cuatro semanas».
