El presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, Manuel Pineda (PSOE), compareció el 23 de octubre para explicar que una empresa (Ferrovial) había presentado una propuesta para habilitar una planta de transferencia de basuras en Orihuela. Lo hizo sin ahorrarse ningún detalle. La inversión ascendía a 1.641.233 euros y sería capaz de transferir 102.366 toneladas al año. El socialista señaló incluso las fincas en las que se dispondría la instalación. Ahora se sabe que ese proyecto no se puede realizar, al menos de forma directa, porque hay que sacarlo a licitación. Así lo han determinado los técnicos del Consorcio, que ni siquiera han abierto el sobre sellado y lacrado que esa mercantil entregó con todos los datos sobre la obra. ¿Cómo es posible entonces que Pineda tuviera acceso a esa información si el sobre a día de hoy sigue cerrado?
Según explicó ayer el presidente del Consorcio a este diario, el viernes día 20 de octubre «se encontró una carpeta» con documentación en su despacho en el Ayuntamiento de Rafal, donde es alcalde. «La abrí y era la iniciativa. La analicé y el lunes convoqué la rueda de prensa». Sin más.
«Yo no he preguntado quién la puso allí, evidentemente alguien entraría y la dejaría, supongo que algún administrativo. Vi que era eso, el proyecto, y lo conté tranquilamente, no me dejé ningún detalle. No he recibido ninguna queja de la empresa», añadió ayer. Pineda aseguró además que «no se ha reunido» con nadie de esa mercantil.
Aunque el socialista asegura que no sabe quién puso allí ese expediente, es evidente que lo dio por bueno. Según Pineda, ni siquiera llamó a la empresa para comprobar que esa documentación era correcta o preguntar si se podía hacer pública. Decidió revelarla en una comparecencia que además fue retransmitida «online» por el gabinete de Prensa del Consorcio.
Manuel Pineda dijo aquel día que el proyecto sería parte de la solución al desaguisado de las basuras en la comarca y avanzó que podría estar funcionando en un periodo de seis meses una vez que recibiera la conformidad de los técnicos. Añadió que convocaría ese mismo jueves para hacer una valoración. Sin embargo, esa valoración nunca se ha hecho porque el sobre con los datos aportados por la empresa ni se ha abierto.
Acceso
La situación ha generado alarma tanto en las filas socialistas como en la oposición, formada principalmente por el Partido Popular. Son muchos los que se preguntan cómo es posible que Manuel Pineda hubiera tenido acceso a esos documentos tan detallados. En declaraciones a este diario, Pineda negó ayer haber mantenido reuniones con representantes de Ferrovial para abordar la viabilidad de poner en marcha esa estación de transferencia de basuras. Ni con Ferrovial ni con Cespa, porque lo cierto es que la documentación que se presentó con los datos de esa instalación iba sellada por ambas empresas. El hecho de que el sello de Cespa estuviera estampado en los documentos es algo que ha enervado todavía más a algunos sectores del PSOE de la Vega Baja. Recuerdan que todavía está por juzgar la pieza del caso Brugal que investiga el supuesto amaño de la anterior contrata del Plan Zonal. En aquel entonces el presidente de la Diputación y del Consorcio era Joaquín Ripoll (PP) y la millonaria contrata se adjudicó a Cespa-Ortiz.
Mientras las voces pidiendo explicaciones a Pineda siguen creciendo, el presidente del Consorcio señaló ayer que «cualquier documento que me llegue de esa forma lo voy a contar en aras a la transparencia».
Desde la oposición creen sin embargo que la planta se pretendía adjudicar supuestamente de forma directa mediante una disposición permitida por la legislación de residuos valenciana. Pero esa opción no pudo salir adelante porque hay una ley superior que lo impide, que es la de contratos del sector público, que obliga a sacarla a licitación, tal y como advirtieron los técnicos. Sin embargo ya era tarde, porque el proyecto había sido desgranado públicamente mientras el sobre sigue cerrado y custodiado en el edificio de la Diputación.
