El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presidido la firma de un convenio entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Orihuela para la regularización patrimonial de varios inmuebles ubicados en esta localidad, especialmente el de los nuevos juzgados, pendiente desde 2005, y la cesión a la corporación local oriolana de instalaciones propiedad de la Administración autonómica para actividades municipales.
El president ha destacado que "la voluntad de la Generalitat es firmar una alianza permanente con la sociedad de la Vega Baja y de Orihuela través de sus instituciones para coser adecuadamente esta Comunitat y para tener los mejores servicios posibles". En la firma del acuerdo ha estado también presente el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler.
"Lo que queremos es que todos aquellos activos que tiene la Generalitat en su patrimonio pasen a ser activos en funcionamiento", ha indicado. El convenio, en cuya plasmación ha participado también la Conselleria de Justicia, permitirá así regularizar una situación que se arrastraba desde hace más de una década.
El jefe del Ejecutivo valenciano ha incidido en que "era una deuda moral y real" de la Generalitat, "porque no es razonable -ha añadido- que un edificio que, en su momento, el Ayuntamiento cedió al Estado y después con las transferencias pasó a la Generalitat, que, finalmente, cuando no se utilizara como juzgado, no volviera al Ayuntamiento".
Por este motivo, Puig considera que había una cuestión "de justicia, de eficiencia y de voluntad política de cambio en la gestión de los inmuebles de la Generalitat porque los inmuebles no están para atesorar patrimonio, sino para servir a los ciudadanos y para sacar el mejor rendimiento posible" de ellos.
Igualmente, el president ha resaltado que el compromiso de la Generalitat con Orihuela también se ve reflejado en las actuaciones relacionadas con el Centro de Salud de Rabaloche y con el Colegio Playas de Orihuela.
En virtud de este convenio, sobre el edificio de los antiguos juzgados, propiedad de la Generalitat y en desuso desde hace más de diez años, se va a realizar una mutación demanial externa de uso al Ayuntamiento de Orihuela, quien se compromete a destinar el edificio a servicios públicos de competencia municipal.
Arrendamiento de los nuevos juzgados
Por otra parte, el edificio de los nuevos juzgados, propiedad del Ayuntamiento de Orihuela, será arrendado por la Generalitat. Para ello, se va a formalizar un contrato que tendrá una vigencia máxima de 10 años. El importe de este arrendamiento se ha fijado en 75.000 euros anuales durante los cinco primeros años y en 125.000 euros anuales del sexto al décimo año.
Además, se acuerda una opción de compra sobre este inmueble a favor de la Generalitat, que podrá ejercer esta opción antes de finalizar el periodo máximo de arrendamiento. El inmueble se ha valorado en 4.766.532 euros, precio al que se le descontarán los importes que, en el momento de la compraventa, la Generalitat ya haya aportado en concepto de arrendamiento.
Por su parte, el Ayuntamiento se compromete, en caso de que las necesidades de prestación del servicio por parte de la Generalitat así lo requieran, a la búsqueda de soluciones patrimoniales que permitan la ampliación de las actuales dependencias de los nuevos juzgados, mediante la adquisición del solar colindante a este inmueble, que será cedido gratuitamente a la Generalitat para que ésta proceda, en su caso, a la ampliación necesaria.
En este caso, la Generalitat se compromete a construir la ampliación del actual Palacio de Justicia o a la construcción del edificio del nuevo Palacio de Justicia en el plazo de 5 años, a contar desde la aceptación de la cesión de los terrenos.
El convenio aprobado también contempla la cesión gratuita al Ayuntamiento de Orihuela del edificio ubicado en la calle Palmeral, propiedad de la Generalitat, pero usado por el ayuntamiento, donde se realizan en la actualidad actividades formativas para la promoción del empleo.
Este convenio es fruto del esfuerzo y la colaboración mostrada entre dos administraciones, la Generalitat y el Ayuntamiento de Orihuela, para regularizar una situación no resuelta desde 2005.
