El centro de discapacitados de Torrevieja seguirá cerrado por ahora y se desconoce cuándo abrirá sus puertas. El motivo es que el edificio «no reúne los requisitos legales» para su puesta en marcha, según dijo ayer el alcalde, José Manuel Dolón. La construcción costó 4,6 millones de euros y se terminó en el año 2012. Sin embargo, todavía no tiene certificado de fin de obra ni escritura de obra nueva y división horizontal, por lo que técnicamente el inmueble no es municipal. Dolón culpó al anterior gobierno del PP de esta situación porque «lo inauguró, se hizo la foto con fines electoralistas y podrían haber dejado los trámites hechos, pero no lo hicieron». Todo ello está impidiendo que la Generalitat pueda, por fin, ponerlo en funcionamiento.

El primer edil explicó ayer que son tres los problemas que el Ayuntamiento se ha encontrado cuando ha querido ceder el edificio al Consell para abrirlo como centro de mayores, punto de encuentro familiar y centro de menores tutelados. El primero es que el inmueble está «sin legalizar» ya que «no se ha producido la recepción formal porque le falta la declaración de obra nueva y división horizontal». Dicho trámite lo tiene que realizar la constructora que ejecutó el edificio. Sin embargo, según Dolón, la arquitecta que se encargó del proyecto se ha negado a firmar esa declaración. Al parecer esa técnico fue subcontratada por la empresa y el consistorio lleva negociando desde mayo para acabar el trámite y que se firme un documento notarial. Hasta que eso no ocurra, el edificio no será municipal por carecer de escritura de obra nueva y división horizontal. «Es un caso muy parecido al del Teatro Municipal», dijo ayer Dolón, quien culpó al PP de la situación porque «lo normal es que cuando se acaban las obras todo se deje firmado, pero no ha sido así».

La segunda de las «desagradables sorpresas» que se han encontrado en torno a este asunto es que todavía se debe dinero por la construcción del edificio, lo que ha provocado que Intervención paralice el expediente. La empresa adjudicataria interpuso un recurso en los tribunales para reclamar 245.862 euros como liquidación de las obras, de los que 79.839 eran por IVA. A ese respecto, la Intervención ha considerado que ese IVA se debe pagar ya, aunque el resto quede pendiente de la sentencia judicial. En ese sentido, el alcalde anunció que ayer mismo se iba a celebrar una Junta de gobierno para satisfacer el importe mediante una modificación de crédito, que deberá ser finalmente aprobada en pleno.

El tercer problema para poder abrir el centro está relacionado con la parcela sobre la que se levantó, debido a que en su día tampoco se hizo el correspondiente informe de segregación, un paso que es anterior a cualquier otro y, sin embargo, «también lo estamos haciendo ahora». Según indicó el regidor, el edificio se construyó sobre terrenos que pertenecían a varios propietarios y no se realizó el trámite final correspondiente.

«Mala gestión»

Con toda esta situación, el regidor se preguntó ayer cómo es posible que el PP, ahora en la oposición, salga a criticar que la Generalitat no ha consignado presupuesto para abrir este centro en 2018 cuando, según él, no se puede abrir por el momento debido a todas esas deficiencias. Dolón aseguró que fue a finales de 2016 cuando el Ayuntamiento se dirigió a la Conselleria para dar uso a las instalaciones «pero no ha podido ser por fuerza mayor, por la mala gestión de los dos últimos gobiernos del PP».

El alcalde no aclaró ayer por qué el pasado verano, cuando la consellera Mónica Oltra acudió a visitar el centro el pasado verano, se anticipó la apertura parcial del centro y todavía no se conocían estas deficiencias. Es decir, el actual equipo de gobierno ha tardado más de dos años y medio en darse cuenta de las carencias administrativas que arrastraba, que tampoco fueron dadas a conocer por el anterior equipo de gobierno del PP, liderado por Eduardo Dolón, que se limitó en el anterior mandato a centrar los problemas de apertura en la falta de financiación.

En opinión del primer edil, el PP de Torrevieja ha querido hacer ver que ha habido un incumplimiento de la Generalitat a la hora de dotarlo de presupuesto para su puesta en funcionamiento cuando, en realidad, el último gobierno de Eduardo Dolón «lo dejó todo manga por hombro». «No han tenido vergüenza pese a estar relacionados con todas las irregularidades que conocemos», zanjó el primer edil.