La puesta en marcha de la planta de transferencia de basuras proyectada en Orihuela no será tan rápida como se esperaba. El Consorcio Vega Baja Sostenible está obligado a iniciar un proceso de libre concurrencia al que podrán acceder todas las empresas interesadas que cumplan una serie de requisitos. Requisitos que por el momento se desconocen ya que ni siquiera se han redactado los pliegos técnicos. El proceso se alargará más de lo esperado y los responsables del ente consorciado confían en poder tramitar primero la estación de residuos prevista en Dolores, que supondría un balón de oxígeno para reducir costes en materia de transporte.
Fue hace casi un mes cuando el presidente del Consorcio, Manuel Pineda, compareció ante los medios para anunciar que la mercantil Ferrovial había presentado un proyecto para implantar una planta de transferencia en Orihuela. El socialista desgranó los pormenores de esa propuesta y ofreció datos que auguraban que podría ser una de las soluciones que precisa la comarca. Pineda avanzó que tendría capacidad para gestionar más de 102.000 toneladas de desechos al año, el 49% de lo que se produce en la Vega en un año. Detalló que la inversión prevista por la empresa era de 1.641.233 euros y señaló incluso cuáles eran los terrenos previstos para disponerla de forma provisional en el polígono Puente Alto y llevarla después a una parcela junto a la autovía A-7.
Socialistas molestos
Ese anuncio de Pineda molestó a una parte de los socialistas de la comarca, que le reprocharon que hubiera ofrecido hasta el último detalle del proyecto cuando no saben si se ejecutará, pues tiene que salir a concurso. Tampoco sentó bien que se diera por hecho que las basuras tengan que ser gestionadas desde Orihuela porque creen que la ubicación debe elegirse mediante criterios técnicos y no políticos ni empresariales. Algunos alcaldes y concejales se preguntaron cómo es posible que el Consorcio esté negociando ahora con una mercantil que en diversos negocios está ligada a la firma Cespa. Ello porque todavía está por juzgar la rama del caso Brugal relativa al presunto amaño en el concurso de la basura de la Vega Baja para darle el servicio, precisamente, a una UTE formada por Cespa-Ortiz.
Pineda reconoció ayer que, por el momento, será difícil poner en marcha una planta de residuos de iniciativa privada en la comarca debido a que la anterior adjudicataria, Cespa-Ortiz, recurrió en los tribunales la decisión del Consorcio de apartarla del servicio por supuestos incumplimientos. En ese sentido, se teme que presente un recurso en el juzgado para solicitar medidas cautelares e impedir que cualquier otra empresa asuma un servicio por el que está peleando en los juzgados.
Recurso judicial
«Debido a la situación judicial estamos atados de pies y manos. Yo voy todo lo rápido que la ley me permite. Si damos un mal paso corremos el riesgo de que haya una suspensión cautelar y no podríamos hacer nada», valoró ayer Pineda. Sobre el proyecto presentado por Ferrovial, dijo que son los técnicos del Consorcio los que lo están evaluando y que si recibe el visto bueno entonces se sacará a concurso público.
Mientras todo ese trámite avanza más lento de lo esperado, hay otro que parece que sí está empezando a ver la luz. El consejo de administración de la empresa pública Vaersa ha dado el visto bueno a vender una acción al Consorcio. Con esa compra simbólica -cuesta menos de 130 euros- Vaersa podría pasar a ser medio propio del Consorcio y construir y explotar la segunda planta de transferencia de la comarca, proyectada en Dolores. Esa operación tiene que ser validada ahora por la Dirección General de Patrimonio y después por Hacienda. Esta es la baza con la que cuenta Manuel Pineda, que espera que si la instalación de gestión indirecta se enquista todavía más, pueda al menos ponerse en marcha la de gestión pública antes de que acabe el mandato.
