El equipo de gobierno de Rojales, liderado por Antonio Pérez (PSOE), ha negado las acusaciones sobre presuntas irregularidades en el servicio de la grúa vertidas por el Partido Popular (PP). En ese sentido, aclaran que el descuento por pronto pago «solo se asigna a la sanción administrativa y no al coste del arrastre de la grúa», mientras que se aplica una rebaja del 50% «solo en el caso de que el coche no sea arrastrado al depósito municipal». Los socialistas aseguran que los vehículos no son arrastrados a ningún depósito que no sea municipal y «únicamente se hace así en el caso de accidentes si el dueño del vehículo accidentado decide que sea la grúa municipal el que lo arrastre o en el caso de que sean vehículos para los que ya se está tramitando el expediente de residuo, pero nunca en el caso de retiradas normales».
Desde el gobierno defienden que «en el caso de que a algún ciudadano se le haya aplicado el coste de una sanción o de un arrastre incorrectos, está en todo su derecho de reclamar ante el Ayuntamiento para que se corrija la cuantía».
También aseguran que todos los albaranes vinculados al servicio «cuentan con su boletín de denuncia y son completamente correctos». «Verter acusaciones falsas sobre un cuerpo de seguridad intachable solo pone de manifiesto que el apoyo del portavoz del PP (Alberto Ros) a las fuerzas se seguridad es únicamente fruto del «postureo» político, ya que con informaciones parciales e interesadas solo menoscaba el honor de los agentes que velan por la seguridad de todos los ciudadanos».
Los socialistas invitan a la oposición a que si tiene alguna prueba o sospechas de un comportamiento delictivo «donde tienen que denunciarlo es en los juzgados, puesto que el hecho de conocer estas supuestas irregularidades y no denunciarlas en sede judicial suponen una muestra de encubrimiento y complicidad».
