11 de noviembre de 2017
11.11.2017
Torrevieja

El juzgado rechaza una petición para reabrir dos de los chiringuitos de «Punta Prima»

La magistrado tiene que resolver si la orden de clausura del Ayuntamiento es conforme a ley

13.11.2017 | 14:53
Imagen de uno de los chiringuitos cerrados.

La resolución asegura que los afectados no han justificado el perjuicio que supone el cierre de los locales, que trabajan sin licencia desde 2009.

Seguirán cerrados. El juzgado de lo Contencioso de Elche ha rechazado la petición de medidas cautelares por parte de la empresa de dos de los tres chiringuitos de playas que el Ayuntamiento de Torrevieja ordenó clausurar a principios del pasado verano. Los locales, situados entre Cala Piteras y Punta Prima, en el extremo sur del litoral de Torrevieja se mantenían abiertos prácticamente todo el año. La Concejalía de Actividades los cerró al comprobar que carecían de cualquier tipo de licencia municipal.

La empresa solicitaba que el juzgado ordenara al Ayuntamiento autorizar la reapertura de los locales hasta que se dirima el fondo del contencioso que han presentad contra la orden de clausura municipal. La firma, Gestión y Restauración Punta Prima S.L. explica la petición en los perjuicios económicos que supone la medida, máxime si luego el juzgado les da la razón. Órgano judicial que puede tardar años resolver el contencioso. Según el auto de la magistrada Carmen Casado «y sin prejuzgar el fondo del asunto», el solicitante «no acredita el perjuicio de difícil o imposible reparación que derivaría» de que los juzgados finalmente le dieran la razón y derivados del tiempo en que no se resolviera el asunto y los quioscos no pudieran estar abiertos. En este caso , el juzgado «antepone el interés general representado por la administración», el Ayuntamiento de Torrevieja.

Los locales no tienen permiso de apertura, ni de obras para realizar las instalaciones,que se pusieron en marcha a finales de la década pasada. Están ubicados sobre suelo no urbanizable, con lo que tampoco podrían obtenerla ahora. El tercer local cerrado, propiedad de otra empresa, anunció públicamente medidas legales penales contra la edil de Urbanismo, Fanny Serrano, y el concejal de Ocupación de Vía Pública, Javier Manzanares. El Ayuntamiento no tiene constancia, todavía, de que esa querella -todas la querellas se admiten a trámite- haya iniciado su recorrido en los juzgados. Esta última iniciativa legal es arriesgada porque la vía penal «liquida» la posibilidad de reclamar la reapertura por un procedimiento judicial contencioso administrativo.

Los principales argumentos de los afectados para defender su actividad son el hecho de que el Ayuntamiento no haya advertido de ilegalidad alguna desde finales de la década pasada hasta 2015, y que, año tras años, e incluso hasta junio pagaron tasas municipales de ocupación de vía pública sin que ese área advirtiera irregularidad alguno. Tampoco lo hizo la guardería de Costas, a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, aunque los locales, que lindaban con dominio público, entraban en competencia con los que por concurso explotan sus chiringuitos.

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