El juzgado de Instrucción Número dos de Orihuela ha ordenado realizar embargos de bienes sobre el patrimonio del exalcalde de Catral, Aurelio Albero (PP), y el que fuera contable del Ayuntamiento, Juan C. LL. El exregidor está acusado de un delito de prevaricación por haber contratado de forma irregular al técnico para llevar las cuentas del municipio. Al segundo se le atribuyen los delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos por haberse llevado supuestamente 10.000 euros de dinero público. La fecha del juicio está pendiente de ser fijada por la Audiencia Provincial pero a los acusados se les ha pedido ya que consignen casi 130.000 euros para hacer frente a la fianza que se les reclama.
La notificación de embargo de bienes llega después de que el juzgado ordenara a las entidades bancarias que retuvieran saldos de los acusados para hacer frente a la posible responsabilidad civil en caso de ser condenados. En concreto se pidió que el exalcalde aportara 58.208 euros; el excontable 71.430 euros y la mujer de este 3.830 euros más. También se solicitó que se bloquearan las posibles devoluciones que los tres tuvieran que recibir de la Agencia Tributaria hasta cubrir las cantidades reclamadas como fianza. Como ese dinero no fue depositado en la cuenta del juzgado, ahora se están practicando los embargos.
En este momento la causa está en la Sección Penal Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche a la espera de señalar la fecha de celebración del juicio que sentará en el banquillo a todos los acusados.
El exalcalde Albero ha agotado todos los recursos para evitar ser juzgado por estos hechos. El exregidor recurrió el auto de apertura de juicio oral ante el juzgado de instrucción Número 2 pero el Ministerio Fiscal se opuso y el juez desestimó el recurso. Aurelio acudió después a la Audiencia Provincial, pero su recurso fue de nuevo rechazado.
Manipular la contabilidad
El fiscal fue contundente en su escrito de acusación y solicitó una pena de 10 años y seis meses de prisión para el excontable del Ayuntamiento por apropiarse de casi 10.000 euros de dinero público al manipular supuestamente la contabilidad municipal y realizar desvíos de dinero a sus cuentas bancarias. El mismo escrito de acusación apuntó que el exalcalde pudo cometer un delito de prevaricación por la contratación ilegal de ese técnico, y el Ministerio Fiscal pidió para el exregidor una pena de 12 años de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos.
La Fiscalía quiere que ambos indemnicen de forma conjunta al Ayuntamiento por los sueldos que se pagaron al técnico, contratado de forma irregular. En total recibió 43.656 euros. El fiscal considera que el exregidor hizo todo lo posible por contratarlo dado que este había concurrido a las elecciones como número 7 de la lista del PP pero no había obtenido acta de concejal. En el escrito de acusación también se pide a Juan C. LL. que devuelva el dinero que al parecer se apropió de forma ilícita y que sea inhabilitado 28 años para poder prestar funciones de asesoramiento en materia de contabilidad, gestión económica y control de tesorería en cualquier administración pública.
El fiscal no acusa a Albero de haberse apropiado de dinero público, pero considera que si el técnico tuvo acceso a las finanzas municipales fue «como consecuencia de la directa y mendaz, por ser claramente arbitraria, atribución de servicios que el alcalde realizó a su favor».
La denuncia por estos hechos la interpuso el propio Ayuntamiento. El equipo de gobierno que cogió las riendas tras una moción de censura en marzo de 2013 detectó esta práctica supuestamente fraudulenta y lo puso en conocimiento del juzgado, que impulsó la investigación que ha desencadenado ahora los embargos.
