El Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga el presunto fraude en las obras del tramo del AVE, a través de la Vega Baja, ha fijado en 60,1 millones de euros el sobrecoste de las obras de reposición de las redes de regadío afectadas por el trazado. Además, ha llamado al proceso a 8 empresas constructoras que las llevaron a cabo, entre las que se encuentran Sacyr, Dragados, Acciona Infraestructuras, Tecsa y Neopul, a petición del Fiscal Anticorrupción. En el auto, la magistrada titular del Juzgado, Olga Reverte, señala que el presupuesto previsto para los cuatro tramos era de 11,4 millones que, al inflarse las facturas, se elevó a 71,5 millones, lo que supuso un incremento del 626%.
La juez califica de «abrumadoras» las desviaciones que se produjeron en las obras de reposición de las redes de regadío pertenecientes a la Comunidad de Regantes San Felipe Neri de Crevillent y al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, al pasar de los 1,7 millones proyectados a 52,7 millones, con un sobrecoste del 3.109%. El auto señala que, como las reposiciones de las redes de riego fueron insuficientes en su previsión inicial o algunas no habían sido tenidas en cuenta en un principio, se acudió a la fórmula del expediente de gasto para el abono de las obras, al margen del desarrollo de proyectos modificados derivados de los trabajos inicialmente adjudicados.
A las empresas que realizaron las obras se las cita en el proceso como responsables civiles subsidiarias y como partícipes, en su caso, a título lucrativo. Son más de 40 los imputados en esta causa, que salpicó de manera muy directa al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela con las detenciones por los presuntos delitos de malversación, falsedad y contra la Hacienda Pública del exjuez y el exsecretario de este organismo, Jesús Abadía y Aníbal Bueno, y del ingeniero José Manuel Fernández Pujante, quienes tras la «Operación César» fueron enviados a prisión en 2015.
El ingeniero habría constituido varias sociedades mercantiles junto a los dos primeros. Éste continuó trabajando en el Juzgado de Aguas tras salir de prisión, lo que provocó no pocas suspicacias. La situación se mantuvo hasta que hace un año salió a la luz el segundo escándalo que lo implicaba, según fuentes del organismo, quienes han explicado a este diario que «no era empleado sino que cobraba por trabajos realizados aunque aparecía como jefe de los servicios técnicos» y que lo mantuvieron en su puesto, a pesar de los cargos que pesaban contra él, «para que acabara las obras que no estaban terminadas al ser quien hizo el proyecto» aunque, finalmente, la actual directiva decidió despedirlo tras desvelarse una mayor implicación en la trama.
Además, están encausados el expresidente de Adif, Gonzalo Ferre y el dueño de la empresa subcontratista de las obras, Juan Ortín quien reconoció ante la Guardia Civil y ante la juez el pago de comisiones y la emisión de facturas falsas o hinchadas. En su declaración explicó que el dinero de las mordidas lo llevaba, en un principio, en un sobre pero que después, al aumentar éstas, tuvo que comprarse una riñonera para tener así mayor capacidad.
El auto ,que ya ha sido notificado a las partes, puede ser recurrido en reforma y apelación.
