El secretario general del PSOE en la Vega Baja, Manuel Pineda, exigió ayer la dimisión del alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez, tras ser condenado por un juez a ocho años y medio de inhabilitación para ejercer cargo público por prevaricación, tal y como adelantó este periódico.
Pineda consideró que de no dimitir el regidor por su propia voluntad, el Partido Popular debería de tomar cartas en el asunto, puesto que de no hacerlo, los responsables del PP a todos los niveles «demostrarán que la lucha contra la corrupción no va con ellos, algo que por otra parte nos demuestran todos los días». El socialista realizó esas declaraciones ayer por la mañana, antes de que se conociera que Ramírez había pedido su baja en el PP «voluntaria».
«Ya no valen paños calientes, porque hay una condena en firme que demuestra que las cosas no se hicieron bien», dijo Pineda, quien consideró que la sentencia judicial es «más que clara cuando tacha de grosera y aberrante la actuación llevada a cabo en el Ayuntamiento de San Fulgencio, de cuyas arcas han salido miles de euros durante tres años para un club en concreto, sin ninguna posibilidad de que otras entidades optaran siquiera a prestar el servicio».
«Mal hecho»
El secretario comarcal socialista consideró que aunque todavía quepa recurso ante la Audiencia Provincial «los hechos han quedado probados en primera instancia, y no nos vale que Ramírez diga que se hace igual en otros sitios, porque lo que está mal hecho está mal hecho, lo haga quien lo haga y donde se haga».
Desde el PSOE se defendió que «no podemos tener al frente de las instituciones a personas condenadas precisamente por no haber gestionado de forma correcta el dinero de todos sus vecinos y vecinas», concluyó el socialista.
Por su parte, el portavoz del PSOE en el municipio, Alejandro Sampere, recordó que fue su partido quien interpuso la denuncia por estos hechos. Dijo que Ramírez «todavía tiene que dar gracias porque el fiscal no entró a valorar con minuciosidad la denuncia presentada, ya que todos los monitores estaban cobrando en negro, sin contratos y sin estar dados de alta en la Seguridad Social con pleno conocimiento del alcalde ya que era el Ayuntamiento el que pagaba». «Tampoco se investigó quién se quedaba con el dinero que se sacaba de la publicidad en el campo de fútbol, la cantina, entradas? ni que la junta directiva repostaba gasolina con cargo al Consistorio».
