La petición de un trasvase extraordinario del Tajo-Segura realizada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, además de saltarse la legislación del memorándum firmado para regular el acueducto, requeriría no solo de un acuerdo del Consejo de Ministros, también de la elaboración de un decreto ley y su sometimiento para aprobarlo en el Congreso.
Eso es lo que advirtió ayer Ángel Urbina, con una larga trayectoria como representante de los regantes del trasvase, en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS). Urbina, quien formó parte de los redactores del memorándum, indicó que aquel acuerdo no logró más agua para la cuenca del Segura pero sí seguridad jurídica. «La ley está para cumplirla, si ahora no la saltamos aquí otros lo podrán hacer en otros sitios».
Urbina, forma parte del órgano de gobierno de la Comunidad de Riegos de Levante y considera que ahora es momento de plantear soluciones técnicas ante la falta de agua, dado que el trasvase está «cerrado» desde mayo y las reservas en la cabecera del Tajo están en 365 hectómetros cuando el límite desde el cual se puede trasvasar es de 400. Pueden trascurrir meses hasta que la situación en las reservas permita esas aportaciones.
En primer lugar reclama que la Generalitat Valenciana culmine las obras necesarias para reutilizar el agua depurada. Es el caso de los recursos que genera la depuradora del Rincón de León, en la que se construyó un colector para ese uso entre 2007-2009 pero que no terminó de acabarse. Urbina explica que todos los años terminan en el mar 160 hectómetros de aguas depuradas en la Comunidad Valenciana.
Otra de las alternativas que plantea es un trasvase del Júcar a la cuenca del Segura a través del embalse de Alarcón. El representante de los agricultores explica que ese embalse cuenta ahora con 320 hectómetros y se podrían trasvasar en torno a 20. «Cuando llueva y los embalses de cabecera del Tajo se recuperen esa misma cantidad se podría devolver al Júcar por la misma infraestructura del Trasvase», explicó. Es decir, sería un acuerdo de cesión sin contraprestación económica. Urbina también considera factible llevar a cabo una canalización de urgencia para aprovechar el trasvase Júcar-Vinalopó. La obra de este acueducto está terminada y tiene capacidad para dotar 80 hectómetros cúbicos anuales. El problema es que la infraestructura de distribución de ese agua no está desarrollada y en estos momentos solo pueden acceder a 7 hectómetros los agricultores de Aspe, Monóvar y su entorno. La idea es utilizar el postrasvase Tajo-Segura para lograr hacer llegar el agua donde se necesita. La canalización partiría desde Villena y transportaría el agua por gravedad hasta Ojós (Murcia) -punto en el que comienza toda la red de distribución del postrasvase a la Vega Media y Baja y a Riegos de Levante. Tendría un coste aproximado de 50 millones de euros.
Agua para consumo humano
Por otra parte, el presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), Adolfo Gallardo, garantizó ayer el suministro «en los próximos meses» a los 80 municipios de Alicante, Murcia y Albacete a los que abastece este organismo. En el caso de la provincia Elche y Alicante, y todas las poblaciones situadas al sur de ambas. Gallardo pidió, no obstante, a los ayuntamientos que impulsen medidas de «sensibilización» de ahorro ante la situación de «excepcionalidad», por la falta de recursos. Gallardo descartó que puedan producirse a corto plazo restricciones salvo que haya una grave avería en alguna desaladora o un episodio temporal que impida el funcionamiento de las plantas. Gallardo dijo que la MCT ha «copado» la producción de las desalinizadoras de Torrevieja y Valdelentisco debido a que el consumo humano tiene preferencia sobre el regadío, que ya sólo dispondrá de un «excedente testimonial» en la planta torrevejense. La MCT incidió en que trabajan sobre el escenario de que el trasvase, que no ha aportado agua desde el pasado mes de mayo, no pueda realizar nuevos envíos en los próximos meses.
