El área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Torrevieja mantiene bloqueado el procedimiento para aprobar definitivamente el convenio colectivo de la plantilla de funcionarios y personal laboral, según denunció ayer el sindicato Comisiones Obreras. El representante sindical Juan Antonio Moya considera que la junta de personal y el comité de empresa del Ayuntamiento deben presionar para «desatascar» una situación que lleva mucho tiempo «enquistada». Y que deja a la plantilla en una situación de defensa de sus derechos laborales anómala: con un convenio de 1999, en el que no se reconocen las modificaciones posteriores, realizadas a lo largo de la década de los años 2000 porque los técnicos responsables no se encargaron de que fueran publicadas oficialmente. Algo que dificulta, sobre todo, la validación de la concesión de ayudas sociales, que el alcalde José Manuel Dolón, está autorizando con informes de reparo de Intervención, aunque hay otras muchas que directamente no se pueden autorizar.
Relación de Puestos
Moya indicó que considera que la paralización, que afecta a más de 600 trabajadores, se debe a que «algunos, en especial funcionarios de alto rango del grupo A, con el nuevo documento podrían perder algunos de sus privilegios». Entre ellos el jefe de Recursos Humanos, que siempre según la misma fuente, aseguró en una reunión que «no hay prisa, estamos bien así», además de aludir a la actual falta de técnicos en el Ayuntamiento, cuando se le reclamó que se desbloqueara el documento. Una reacción en contra que se deriva, interpreta el sindicato, del hecho de que el nuevo convenio tenga previsto llevar a cabo una nueva relación de puestos de trabajo (RPT).
Un documento que se contempla para adjudicar a una empresa externa, fuera del control de los técnicos. En ese estudio, que vendría a sustituir al actual vigente desde hace 17 años, se contempla de forma específica la función que debe realizar cada funcionario y los complementos salariales que tiene derecho a percibir. La anterior RPT se encargó inicialmente a una empresa, pero luego se paralizó y quedó bajo responsabilidad de los funcionarios habilitados del Ayuntamiento, según las mismas fuentes. Esa RPT, a juicio de Comisiones Obreras, a diferencia de la que se plantearía ahora, hace una distribución de esas compensaciones que no es equilibrada.
Hasta mayo, el principal escollo para sacar adelante el documento eran las deficiencias que había detectado el área de Intervención. En primer lugar, para poner un tope presupuestario a la concesión de ayudas sociales y sanitarias de las que disfrutan los trabajadores del Ayuntamiento desde hace décadas. Este ha quedado fijado en 800.000 euros anuales. Todas las solicitudes se validarían a final de cada ejercicio y si en total superan el límite máximo se pagarían de forma proporcional con esa cantidad. También se ha resuelto el problema de incluir la carrera profesional y la movilidad horizontal de los funcionarios. Algo que no se podría ejecutar en el momento en el que el documento esté aprobado pero cuyo cumplimiento se «salva» añadiendo un anexo al convenio, en el que se regulan ambas características para el momento en el que sí exista crédito para ponerlas
