El equipo de gobierno de San Miguel de Salinas, integrado por una coalición de PP y UPyD, ha rechazado las alegaciones presentadas por la asociación de vecinos "San Miguel Arcángel" que pedían al bipartito que estudiara una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que se fijara la tasa del gravamen en torno al 0,5 %, en lugar del 0,64 % que aprobó en el pleno del pasado mes de agosto. En sesión plenaria el gobierno de San Miguel de Salinas aprobó una rebaja del tipo impositivo del IBI del 0,65 % que estaba implantado, al 0,64 %. Es decir, sólo una décima. Una bajada casi imperceptible que fue muy criticada por la asociación de vecinos "San Miguel Arcángel" quien presentó alegaciones.
El colectivo vecinal ha calificado de "insignificante" la medida y argumentó en su escrito presentado para justificar la rebaja que pedía, el incremento progresivo del valor catastral liquidable cada año al encontrarse el municipio en el cuarto año de aplicación de la nueva ponencia de valores.
Los integrantes de la asociación vecinal se muestran muy molestos con la actitud de la edil de Hacienda, Soledad Soto (PP), en la sesión plenaria. Según esta asociación "ante el estrago que el pago de impuestos produce en las economías más débiles, como las de parados y pensionistas, no tuvo mejor ocurrencia que remitir a estos contribuyentes a negociar con SUMA el pago de los impuestos en cómodos plazos". Un comentario que despertó la indignación del nutrido grupo de vecinos asistentes al acto.
Los vecinos también han censurado que se prohibiera el uso de la palabra al público y "los juicios de valor y ataques desde la bancada del gobierno en boca del alcalde, Ángel Sáez, y de la concejal de Hacienda hacia los asistentes y, de manera especial, hacia la persona del presidente de la asociación de vecinos". El regidor amenazó varias veces con el desalojo del pleno. La asociación califica de "inadmisible que, desde una situación de poder, se denigre a los ciudadanos y se impida, a su vez, el uso de la palabra en su legítima defensa".
