SUMA Gestión Tributaria ha paralizado la liquidación de todos los impuestos de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como Plusvalía, en los que detecta que se produce un detrimento patrimonial del contribuyente. Es decir, cuando en la venta de un inmueble se producen pérdidas con respecto al valor de su compra. La decisión se ha adoptado por un criterio de prudencia y ante la falta de actuación del gobierno a la hora de regular la gestión de este impuesto después de que una sentencia del Tribunal Constitucional avalara el pasado mes de mayo otras que se habían producido en el resto del país y declarara inconstitucionales algunos artículos de ley de Haciendas Locales.
Este tributo debería gravar la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos pero, en la práctica, era abonado siempre, aunque hubieran perdido valor. Una situación muy habitual puesto que en estos momentos se están realizando transacciones de propiedades que adquirieron durante el boom. Hasta ahora los ayuntamientos cobraban el impuesto solo por el hecho haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal. Al margen de si hubiera depreciado. Esta medida adoptada por SUMA fue desvelada ayer en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Torrevieja.
El portavoz del PP, Eduardo Dolón, preguntó al concejal José Hurtado (Los Verdes) si podía informar sobre las actuaciones municipales a la hora de atender las reclamaciones de los afectados tras la sentencia. Dolón aseguró que «según «sus fuentes» el fallo judicial podría tener una repercusión en una reducción de ingresos de las arcas municipales de entre un millón y millón y medio euros de los previstos. Torrevieja contaba con una estimación de recaudación de este impuesto para este ejercicio superior a los 16 millones de euros.
Hurtado aclaró varios conceptos al portavoz de la oposición mayoritaria. En primer lugar, recordó que es el Gobierno central, tal y como indicaba la sentencia judicial, el que debería regular qué se hace ahora con el impuesto y si se deja de cobrar de forma genérica en los casos en los que haya detrimento patrimonial, sin mediar reclamación. Y especificó que es SUMA, un organismo autónomo que tiene delegada la gestión recaudatoria de la Diputación Provincial, el que debe decidir qué hacer con esas reclamaciones y no el Ayuntamiento.
El ingreso de este impuesto es especialmente significativo en los municipios grandes, con un mercado inmobiliario de viviendas de segunda mano de entidad, como el caso de Alicante y Elche, y los dedicados al turismo residencial: Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada o Santa Pola, entre otros.
