? El plan de La Coronelita que ahora comienza a ser una realidad no solo ha tenido una larga tramitación urbanística. También arrastra una prolongada polémica política. Empezó su andadura en 2001 con una propuesta de reclasificación de suelo rústico que ahora sería inviable pero que entonces estaba en plena vigencia, con el tirón del «boom» inmobiliario. En 2005 se desveló que el entonces el alcalde Pedro Hernández (PP) obtuvo más de cinco millones de euros en una plusvalía multimillonaria con la venta de unos terrenos rústicos en Almoradí. La empresa que le vendió esos suelos rústicos formaba parte del grupo que impulsaba el plan de La Coronelita. En 2006 y pese a que las vinculaciones del grupo de empresa con el primer edil eran ya una evidencia y estaban siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción la Generalitat dio el visto bueno definitivo a la reclasificación. El ahora subsecretario de Vivienda, Francesc Signes (PSPV), definió en ese momento la tramitación de La Coronelita como «un pelotazo» por la vinculación de la empresa -ahora totalmente desligada del proyecto con el entonces alcalde-. Los promotores del proyecto se querellaron contra Signes y un medio de comunicación. Perdieron el procedimiento en primera instancia, en el Tribunal Superior de Justicia y en el Tribunal Supremo.
