La Gobierno adjudicó en 2010 las obras para construir una subestación eléctrica que garantizara un suministro energético a la planta desalinizadora de Torrevieja capaz de producir 80 hectómetros cúbicos de agua desalinizada del mar. En ese momento faltaban cuatro años para que la instalación de Torrevieja estuviera operativa, el recorte de los aportes del trasvase del Tajo-Segura a la Comunidad Valenciana todavía no se había planteado, y los embalses presentaban un balance aceptable, dentro del déficit estructural de la cuenca del Segura.

Por eso cuando en 2012 las obras se paralizaron por no contar con declaración ambiental de la Generalitat a los regantes no les preocupó especialmente. La instalación, que había costado 300 millones de euros -217 la obra civil y 80 la gestión de explotación- no generaba ni una sola gota de agua en esos momentos. En 2014 comenzó la producción a modo de prueba. Luego llegó el memorándum, y la drástica rebaja del volumen de agua trasvasada del Tajo. Ahí fue cuando las comunidades que regantes que integran el todopoderoso Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura comenzó a solicitar en masa a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la tramitación de cesión de caudales de la desalinizadora de Torrevieja. Entonces se llegó al acuerdo de suministrar 30 hectómetros por cada año hidrológico a un precio más que ventajoso -para ser agua desalinizada-. 0,30 euros el metro cúbico, con la subvención del Gobierno.

Pero el Ministerio de Medio Ambiente, sin hacerlo público, ha decidido hace unos días, como avanzó este diario, retirar esos aportes y consagrar toda la producción de Torrevieja al consumo de boca para evitar futuras restricciones ante la situación de escasez de agua. Un escenario que hasta la fecha no contemplaba. El visto bueno al enganche de red eléctrica desde San Miguel con la subestación se firmó por el Consell a finales de agosto. Si estas obras estuvieran preparadas y terminadas la planta podría ponerse a producir al cien por cien de su capacidad. Y destinar una parte de los 80 hectómetros al uso agrícola. Pero todavía están en marcha.

Si fuera necesario y la planta contara con financiación suficiente podría generar hasta 120 hectómetros anuales. Esa es la capacidad de caudal con la que cuentan las canalizaciones. Sería necesario instalar más membranas -la tecnología que sirve para filtrar por presión el agua del mar y despojarla de la sal- para llegar a ese objetivo. Algo complicado después de que sus sobrecostes millonarios, y que la cúpula de la sociedad estatal que gestiona las desalinizadoras, Acuamed y responsables de la adjudicataria, terminaran en el juzgado.