El equipo de gobierno de Orihuela, formado por PP y Cs, llevará al pleno del próximo jueves la aprobación del pago de 2.182.871 euros a través de un expediente extrajudicial de crédito. En ese montante se incluyen facturas que suman más de 250.000 euros y que cuentan con reparos de intervención. Según el grupo socialista, corresponden a servicios o suministros que se han prestado sin contrato y que, por su cuantía, tendrían que haber sido objeto de licitación. La portavoz, Carolina Gracia, criticó ayer que el alcalde, Emilio Bascuñana, no levante esos reparos y delegue en el pleno una responsabilidad que le corresponde, pues es fruto de su gestión.

Según indicó ayer Gracia, la jugada es la misma que la que se realizó el pasado mes de junio. En el expediente de crédito se mezclan facturas impagadas de años anteriores con otras actuales que cuentan con reparos. Todo en un bloque, de forma que no se puede votar de forma diferenciada cada una de las situaciones. La portavoz del PSOE adelantó ayer que su grupo votará en contra de la propuesta y se quejó de que es la segunda vez en lo que va de año que el PP «intenta aprobar su mala gestión mezclando facturas de años anteriores con relaciones de facturas cuyo reparo es en materia de contratación».

Carolina Gracia explicó que el gasto en esos servicios o suministros ha excedido de los 18.000 euros y por lo tanto se tendrían que haber licitado. «Nadie nos ha explicado si se están tramitando los correspondientes expedientes o si por el contrario pudiera haber fraccionamiento», aseguró. La socialista valoró que todo esto es consecuencia de la falta de fiscalización que se está dando en el Consistorio, por lo que exigió que se establezca el sistema de muestreo que garantice la legalidad de las contrataciones. La edil dijo que en lo que va de legislatura el PP suma ya 1.187.000 euros de facturas impagadas.

Gracia «lamentó» también que un mecanismo de pago como es el reconocimiento extrajudicial de crédito «se esté convirtiendo en algo habitual para el gobierno, que intenta ocultar la mala gestión que se está realizando». «No es admisible que se obvie la justificación de los reparos emitidos por la intervención y que tampoco se le dé una solución», concluyó.