El propietario de dos de los tres chiringuitos clausurados en primera línea de playa en la zona de los residenciales Rocío del Mar y Señorío de Gomendio por la Concejalía de Urbanismo de Torreviejaen junio ha reclamado medidas cautelares que le permitan reabrir. Se reclama al juzgado la apertura al margen del contencioso administrativo iniciado contra el Ayuntamiento en el momento del cierre, y en el que el municipio ya se ha personado.
El área de Urbanismo, avalada por los informes y documentación aportada por los técnicos, ordenó la clausura de los tres establecimientos, que prácticamente permanecían abiertos durante todo el año desde 2009. Los locales, según esa resolución no contaban con licencia de apertura, ni de obras y se encontraban ubicados sobre suelo no urbanizable. Sí contaban, tal y como han argumentado, con autorización de ocupación de dominio público, y recibo de abono de las tasas municipales, sin que el Ayuntamiento haya podido averiguar por qué los técnicos y agentes de la Policía adscritos a ese área daban el visto bueno sin comprobar la licencia.
Las medidas cautelares alegan que hasta que se resuelva el contencioso en el juzgado pueden pasar años, con el perjuicio económico derivado de mantener las instalaciones cerradas. Con ese argumento se pide la reapertura hasta que se resuelva el fondo del asunto: la legalidad o no de la actuación municipal. Es una estrategia similar a la llevada a cabo por la discoteca 222, que pleitea con el Ayuntamiento desde 2013, con la diferencia de que ese local, situado también en suelo no urbanizable, sí cuenta con una licencia provisional previa.
El Ayuntamiento ha alegado esa petición reiterando que estos negocios de hostelería no contaban con ninguno de los requisitos mínimos para abrir -como sí cumplen escrupulosamente cientos de negocios en la ciudad-. Después de reclamar estas medidas cautelares, el propietario de dos de los tres locales, ha solicitado una declaración responsable como trámite para reabrir e incluso ha tramitado las solicitudes de pago de ocupación de vía pública para instalar sillas y mesas. Sorprendentemente, los técnicos han tramitaron ese expediente de ocupación, pese a que los chiringuitos ya estaban clausurados, y además no son ilegalizables, según el criterio de Urbanismo. Esa solicitud no ha sido autorizada finalmente.
Polémica
El cierre de los chiringuitos, muy populares en una zona de turismo residencial de calidad -Cala Piteras- con nula oferta de hostelería, provocó polémica, también porque se realizaba en un momento en el que se iniciaba la temporada turística.
