El Grupo de Refuerzo Operativo (GRO) de la Policía Local cuenta como base principal con un nuevo retén. El antiguo edificio de los peones camineros, que da nombre al Alto de la Casilla. El Ayuntamiento de Torrevieja, reacio a las inauguraciones, sí ha previsto en esta ocasión una presentación oficial para esta misma semana., el próximo jueves. No es para menos. La puesta en marcha de estas instalaciones ha llegado tras un desesperante, y a veces penoso, procedimiento administrativo.

Hace ahora casi dos años, en noviembre de 2015, el falso techo del que era retén del GRO, en la plaza de Capdepont, en el centro de Torrevieja, se vino abajo parcialmente. Los agentes de este grupo especializado de la Policía Local, que opera bajo el lema «Nulla dies, sine linea»-ningún día sin objetivo- tuvieron que dejar a toda prisa ese local, que además no contaba con las condiciones mínimas para un colectivo policial integrado por unos quince miembros. Ese incidente el puso la puntilla a unas dependencias que dejaban mucho que desear, sobre todo en cuanto espacio disponible.

Desde aquel incidente, y hasta la semana pasada, los agentes estuvieron operando desde unos locales municipales de la urbanización San Luis, a más de cinco kilómetros del centro del casco urbano. Fue en ese momento cuando el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) creyó conveniente darle utilidad a la casa de peones camineros, que contaba con el espacio suficiente y está situada de forma estratégica en el acceso a Torrevieja desde la Avenida de las Cortes Valencianas, cerca de La Mata y a un paso del acceso a la variante de la N-332. Ahí comenzó el calvario administrativo. Ese local funcionó como oficina de turismo tras una reforma que costó más de 160.000 euros. La sorpresa fue que en el Ayuntamiento no había constancia alguna de que para «ocupar» el recinto se hubiera realizado trámite alguno para que Patrimonio del Estado, propietario de las antiguas casas de peones -usadas para la reparación de carreteras-cediera el inmueble. El Ayuntamiento bajo mandato de Pedro Hernández (PP) lo ocupó y arregló sin pedir permiso. Entonces, el Ayuntamiento pidió la cesión a Patrimonio del Estado.

El Gobierno respondió de forma afirmativa, pero al menos, si no se había pedido la cesión, el Ayuntamiento debería pagar la contribución pendiente de las anualidades durante las que había «ocupado» el edificio -que por otra parte, funcionó solo durante unos pocos años como oficina de turismo, el resto del tiempo estuvo cerrado-. Entonces llegó el momento estelar del informe de la Intervención municipal. Los técnicos aseguraron que el Ayuntamiento no podía pagar por algo que no tenía cedido, pero que se buscaría una fórmula.

Harto de esperar durante meses una resolución por parte de los técnicos municipales, el alcalde abonó de su bolsillo la deuda -unos cientos de euros-, y el edificio fue cedido por el Gobierno al Ayuntamiento. El municipio, en otra actuación que tampoco «ha vendido» ha adecentado y vallado el acceso al parque inconcluso del Mirador de la Casilla, situado junto al nuevo retén policial.