Compraron unos chalets a los pies de la montaña en una tranquila zona de la pedanía oriolana del Raiguero de Bonanza con la seguridad de que allí vivirían tranquilos con sus familias y atraídos por la publicidad de la constructora El Jardín de Ensueño. Pero no tardaron en comprobar que ese nombre era sólo la marca de la promotora y que, en realidad, su idílica casa se convertiría en una pesadilla de la que no salen siete años después de su compra. 18 familias de una urbanización de la calle Los Cabreras de esa pedanía llevan desde 2010 peleando con la constructora y con el Ayuntamiento de Orihuela para obtener la licencia de primera ocupación y acabar con la situación irregular en la que viven.
La crisis llegó y con ella la quiebra de esa promotora que dejó varias viviendas sin vender y otras sin construir de las 29 previstas. Y un problema aún mayor, dejó sin licencia de ocupación a quienes compraron las casas disponibles. Los propietarios de esas 18 viviendas, 16 dúplex adosados y 2 casas unifamiliares, llevan todo ese tiempo con luz de obra que proviene de una vieja caseta que no guarda los mínimos requisitos de seguridad. De allí sale un cable que abastece de luz eléctrica a toda la urbanización. «Cuando llueve queda al descubierto y ya se prendió una vez fuego el contador de la caseta», explica la portavoz vecinal, Tatiana Riquelme.
Los vecinos firmaron escrituras públicas de compra con subrogación hipotecaria, señalándoles que disponía de los servicios. Sin embargo, la urbanización carece de un centro de transformación que impide que tenga suministro de energía eléctrica, obligando a los propietarios a tener que usar la luz de obra puesta en su día. La promotora les ha dicho a los vecinos que cede terreno a Iberdrola para instalar el transformador, pero que todavía no se ha firmado la escritura de cesión del terreno.
Queja del Síndic
Los vecinos, ante esta situación, se han dirigido al Ayuntamiento de Orihuela en varias ocasiones sin obtener respuesta, por lo que han puesto el asunto en conocimiento del Síndic de Greuges. Este organismo también se ha puesto en contacto con el Consistorio para que le facilite todo el expediente urbanístico de esa urbanización, recomendándole que utilice parte del aval de 34.500 euros que aportó el constructor, y que no se ha devuelto, a la instalación del transformador, que supone una inversión de unos 15.000 euros. Sin embargo, el silencio ha sido la respuesta de los escritos dirigidos al alcalde de Orihuela, lo que ha derivado en una advertencia del Síndic, José Cholbi, el pasado 27 de septiembre, recordando que, de persistir tal actitud, el Ayuntamiento podrá ser objeto de un informe especial a las Cortes Valencianas, además de destacar en su informe anual la «actitud entorpecedora» de la administración local y le da un plazo de 15 días para responder. Todo después de no obtener respuesta al primer escrito del 7 de junio y su reiteración el 10 de julio.
La representante vecinal también ha enviado al Consistorio un escrito, basándose en el Derecho de Petición, para que el Plenario municipal - u otro organismo- asumiera la ejecución del centro de transformación con cargo al aval de 34.500 euros que tiene el Ayuntamiento de la promotora «desaparecida». Lo formuló en junio y el Ayuntamiento ha dado la callada por respuesta a pesar de que tenía 10 días para acusar recibo y contestar al escrito.
«El Ayuntamiento de Orihuela pasa olímpicamente de nosotros, no nos responde a nada, ni al propio Síndic y nos sentimos abandonados por nuestro Consistorio que, sin embargo, sí que nos cobra el IBI cada año, unos 400 euros, a pesar de que a ojos de la administración local estamos ocupando la vivienda ilegalmente al no tener la correspondiente licencia de primera ocupación», denuncia Tatiana Riquelme, quien, además, es propietaria de una de las dos viviendas de la urbanización que están sin acabar, con un lateral sin enlucir.
Iberdrola, aunque no les puede suministrar individualmente por la falta de un transformador y de la licencia de primera ocupación, ha facilitado a cada vecino un contador para que controlen lo que gastan. «Cada mes miramos los contadores y nos reunimos los vecinos para aportar el dinero de lo que consumimos y pagar la factura», explica un vecino afectado.
La portavoz vecinal, ante la «pasividad» del Ayuntamiento no descarta dar cuenta al Ministerio Fiscal por si la actitud de inacción del Consistorio pudiera ser constitutiva de una infracción penal.
