La concejala del PP, Carmen Gómez, acusó ayer al equipo de gobierno de actuar al margen de las ordenanzas municipales al haber podido constatar que se ceden jaulas trampa para gatos en el área de Protección Animal a cambio del pago de un depósito de 20 o 50 euros -según las dimensiones del dispositivo-. La edil reclamó ayer explicaciones y «medidas judiciales» porque esta actuación se ha estado llevando a cabo sin la supervisión de la tesorería municipal. La concejala compareció en rueda de prensa con una de estas jaulas. Dijo que un vecino la retiró a finales de agosto de la oficinas municipales de la plaza de Capdepont y nadie la ha reclamado desde entonces. Señaló que el uso de dinero en metálico en un ayuntamiento es excepcional y debe estar autorizado por el alcalde.
Por su parte, la concejala de Protección Animal, Carmen Morate (Los Verdes), admitió que esa fórmula de depósito no aparece en las ordenanzas, pero agregó que se trata de un procedimiento excepcional ante la falta de recursos de los voluntarios del Proyecto CES para llevar a cabo todas las demandas vecinales de retirada de felinos callejeros. La jaula se usa para atrapar a los gatos, que luego son esterilizados por el Ayuntamiento en una clínica conveniada y luego se liberan. Antes los gatos que recibía el núcleo zoológico se sacrificaban. La mostró «su incredulidad» por el hecho de que el PP «haya mandado a un topo y que esa jaula que tanto se necesita, ahora cuando empieza la campaña de castración subvencionada por la Diputación».
