Un desembalse en los pantanos de la cabecera del Tajo a finales de septiembre de 8 hectómetros cúbicos para regantes del Segura ha reabierto la guerra política del agua, con la petición por parte de la Comunidad de Castilla-La Mancha de una investigación al considerar que se podría tratar de un «trasvase encubierto» cuando no deja de ser más que una cesión entre regantes, amparada por la ley del Memorándum, pero que ha generado un intenso debate político, con cruce de acusaciones, en un momento en el cual los pantanos de cabecera de la cuenca cedente no llegan ni al 10% de su capacidad, menos de la mitad de hace un año. La situación ha llegado al punto de que Unidos Podemos ha llegado a justificar el cese por la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Miguel Antolín, porque se opuso a lo que califican de «trasvase». De poco sirve que el Ministerio de Agricultura haya reiterado que no se trata en ningún caso de un trasvase sino de una cesión de agua entre particulares, con informe informe favorable de la Abogacía del Estado, «que no ha encontrado motivos para negarlo», según Europa Press.
En definitiva, aseguran que se ha cumplido la ley y la Dirección General del Agua ha actuado dentro de lo que esta le permite. Pero las explicaciones no valen para Castilla-La Mancha.
Doble discurso
En esta situación, el PSOE sigue en un doble discurso y mientras el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defiende la necesidad de tener una visión «global» de la política del agua y muestra su apuesta por la reutilización del agua, la modernización de los sistemas de riego, la desalación o el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, que «no es posible que se suspenda»; el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, el también socialista José Luis Martínez Guijarro, pone en dudas esta cesión de 8 hectómetros y añadía que si tienen «la más mínima sospecha de que hay alguna irregularidad» en la última derivación de agua del Tajo al Segura «por supuesto» van a denunciarla, asegura Efe. «Vamos a actuar de manera todo lo contundente que podamos porque nos ha parecido que esto es ya la gota que colma el vaso y es casi llegar al insulto a los ciudadanos de Castilla-La Mancha», dijo. Además, del PSOE, Unidos Podemos ha pedido explicaciones al Gobierno recordando que los embalses del Tajo están «bajo mínimos». Y eso, quizá, es lo que nadie discute.
En esta situación sólo el consejero de Agua de Murcia ha defendido el uso de esos ocho hectómetros y ha dicho que no forman parte, ni más ni menos, que de «la aprobación de las cesiones de derechos, que fueron solicitadas por el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, lo que supone un respiro para la complicada situación que atraviesan».
Las cesiones se realizan entre regantes, «dependientes del Tajo que tienen asignada una concesión y que, como no la van a utilizar, la ceden a regantes del Segura que la necesitan con urgencia». Las cesiones que han recibido el visto bueno del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente son para los usuarios del trasvase Tajo-Segura de los derechos de agua de las comunidades de regantes de La Poveda, Estremera y Hecop.
