Derribar una rotonda ilegal ubicada en la Avenida de las Cortes Valencianas de Torrevieja costará 148.000 euros de dinero público. El Ayuntamiento fue condenado a sufragar el coste de la demolición a pesar de que la infraestructura la hizo una promotora. No obstante, un juez consideró que fue la administración local la que permitió su construcción y consintió que se utilizara durante 10 años.

La concejala secretaria de la Junta de Gobierno Local, Fanny Serrano, informó ayer que ya se ha realizado el proyecto técnico que recoge el procedimiento mediante el cual habrá que eliminar esa infraestructura vial y se ha iniciado el expediente para contratar las obras para la demolición. Se hará mediante un procedimiento negociado sin publicidad al que se invitará a tres empresas.

La rotonda está ubicada justo delante del IES Las Lagunas y durante los últimos años se han registrado diversos accidentes de tráfico en este punto. Según valoró ayer Serrano, la infraestructura es «ilegal e ilegalizable». En ese sentido, recordó el fallo de la sentencia que se dio a conocer en agosto y señaló que el Ayuntamiento «ha de restituir la legalidad urbanística». Recordó que fue en 2012 cuando se abrió un expediente de disciplina urbanística por la ilegalidad de este elemento y la empresa que la ejecutó interpuso un contencioso contra el Consistorio. «El resultado fue que el juzgado señaló al Ayuntamiento como poseedor y propietario durante todos estos años porque había una recepción realizada en el año 2006 y es el responsable de restituir esa legalidad urbanística».

Esa rotonda «nunca debió construirse y supone un peligro para la seguridad, para el tráfico rodado y para los usuarios del instituto. Lo que hemos hecho es acatar la sentencia, redactar el proyecto por parte del departamento de servicios para poder eliminarla y se inicia la contratación para la ejecución de la obra en sí». En ese sentido Fanny Serrano recordó que la Junta de gobierno ya acordó que se «depuren las posibles responsabilidades» entre quienes permitieron esta actuación, y dijo entonces que «las cosas no salen gratis y no se puede malgastar el dinero público sin consecuencias». Ayer reiteró que se seguirá adelante con ese procedimiento.