La alcaldesa de Almoradí, María Gómez, del Partido Popular (PP), ha sido citada a declarar como investigada -antes imputada- por el supuesto pago de sobresueldos al exsecretario del Ayuntamiento durante el pasado mandato, cuando era concejal de Hacienda. La denuncia por estos hechos fue interpuesta por el exregidor Jaime Pérez (PSOE), quien cifró en 45.000 euros la cantidad que al parecer se habría pagado al fedatario a pesar de que la Intervención municipal advirtió de la posible ilegalidad.
La investigación por este caso la ha asumido el juzgado de instrucción Número 2 de Orihuela y la jueza ya ha interrogado a algunos funcionarios del Ayuntamiento. María Gómez aseguró a este diario que está «tranquila» y que quiere explicar a la jueza todo este asunto y pedir el archivo de la causa. Se muestra convencida de que no se ha cometido ningún tipo de irregularidad y mucho menos delitos de corrupción.
La popular asumió la Alcaldía de Almoradí el 16 de enero, tras prosperar la moción de censura presentada por PP y Ciudadanos (Cs) contra el gobierno de PSOE e Izquierda Unida (IU). Tres semanas antes de coger el bastón de mando, el entonces regidor socialista Jaime Pérez anunció desde el propio Ayuntamiento que había presentado una denuncia para alertar a la Fiscalía Anticorrupción de que la exconcejala de Hacienda autorizó durante más de dos años el pago de un sobresueldo al secretario municipal en concepto de productividad. Ello a pesar de que, siempre según Pérez, mes tras mes el departamento de Intervención emitía informes que advertían de que el abono de ese complemento salarial no estaba justificado legalmente. El fedatario recibía un sueldo de 1.800 euros y otros 1.500 euros más en concepto de productividad. En la denuncia se advertía de que con esa práctica se podrían haber cometido posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
«Vendetta»
Desde el PP, entonces en la oposición, se valoró esa denuncia como una vendetta política dado que empezaba a ser vox populi que en pocos día se registraría esa moción de censura para desbancar al gobierno de izquierdas. Esa situación no varió el apoyo de Ciudadanos para seguir adelante con la pretensión de asumir la gestión municipal mediante un gobierno bipartito, como así acabó sucediendo. En el pacto firmado entre ambas formaciones se estableció que en caso de que a María Gómez se le abriera juicio oral por esta causa, dimitiría del cargo y la vara de mando pasaría a la líder de Cs, María Quiles.
